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El ministro en retiro de la SCJN cuestionó la versión de la gobernadora sobre la revocación de su visa y señaló inconsistencias relacionadas con la participación del FBI, el perfil de su abogado y las gestiones descritas en una conversación difundida recientemente.

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, consideró que existen diversos elementos que vuelven poco convincente la explicación ofrecida por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respecto al audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón, en el que la mandataria habla de reuniones con autoridades estadounidenses y de gestiones relacionadas con la revocación de su visa.

Durante su participación en Aristegui en Vivo, señaló que la grabación divulgada es un elemento de gran relevancia pública, aunque subrayó que únicamente se conoce un fragmento de la conversación original que, sin embargo, sí “permite hacer conjeturas”.

El jurista explicó que una de las primeras cuestiones que llaman la atención es la referencia a una reunión en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana y la intención de acudir acompañado de abogados.

A su juicio, si el asunto estuviera relacionado únicamente con la recuperación de una visa revocada, el procedimiento ordinario previsto por las autoridades estadounidenses no justificaría varios de los elementos descritos en la conversación.

Cossío explicó que, de acuerdo con la información pública del Departamento de Estado, las solicitudes para reconsiderar una revocación de visa se presentan de manera electrónica y posteriormente el interesado puede acudir ante una oficina consular para exponer las razones por las cuales considera que no encuadra en los supuestos que dieron origen a la cancelación.
Recordó que entre las causas de revocación se encuentran haber sido arrestado o condenado en Estados Unidos, incumplir las condiciones de permanencia autorizadas por la visa o realizar actividades incompatibles con ésta.

En ese sentido, señaló que ninguna de esas hipótesis parece corresponder al caso de la gobernadora: “El motivo por el cual se consideró que debía revocarse la visa a la gobernadora es simple y sencillamente porque los Estados Unidos consideró, con buenos o malos argumentos, eso no lo sabemos, que ella era o estaba realizando conductas contrarias a la seguridad nacional de los Estados Unidos o a la seguridad pública de los Estados Unidos”.

El ministro en retiro aclaró que se trata de una inferencia basada en los supuestos de revocación publicados por las autoridades estadounidenses y no en información oficial sobre el expediente de la mandataria.

La referencia al FBI

Otro de los aspectos que destacó fue la mención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) dentro de la conversación. Señaló que los procedimientos relacionados con visas corresponden al Departamento de Estado y no al Departamento de Justicia, del que depende el FBI.

Por ello, consideró relevante preguntarse por qué esa agencia aparecería vinculada a una gestión de esa naturaleza. “¿Por qué el FBI tendría que estar involucrado en un tema que tiene que ver con revocaciones de visas cuando éste es exclusiva competencia del Departamento de Estado?”, cuestionó.

Explicó que el FBI forma parte del Departamento de Justicia estadounidense y que sus funciones no guardan relación directa con los trámites migratorios ordinarios. “Ese me parece que ya es un punto muy importante”, indicó.

El perfil del abogado

Cossío se refirió a la identidad del abogado mencionado por la propia gobernadora en el audio. Se trata de Michael Nadler, un exfiscal federal con una larga trayectoria en investigaciones de alto perfil relacionadas con delitos financieros y operaciones internacionales.

Recordó que Nadler participó en investigaciones que derivaron en procesos contra Alex Saab, empresario colombiano señalado como operador financiero del gobierno de Nicolás Maduro. “No es cualquier persona”, afirmó.

Según explicó, Nadler desarrolló una carrera exitosa como fiscal federal en Florida antes de incorporarse a la práctica privada, una ruta frecuente entre funcionarios del sistema de procuración de justicia estadounidense. Indicó que actualmente forma parte del despacho Davis Polk, una de las firmas más reconocidas de Estados Unidos.

Tras revisar la información pública de la firma, dijo haber encontrado oficinas en Nueva York y Boston, pero no en Miami, ciudad que fue mencionada por la gobernadora.

Más importante aún, destacó que la especialidad profesional de la firma no está enfocada en asuntos migratorios. “No tienen una práctica migratoria. ¿Qué práctica sí tiene este abogado? Práctica de lavado de dinero, transacciones internacionales, grandes delitos de cuello blanco”, explicó.

Por ello, consideró difícil asociar la contratación de un abogado de esas características con un procedimiento administrativo para recuperar una visa. “No puede ser que un abogado de este tamaño, de esta importancia, con esta experiencia, esté metido en asuntos migratorios. Debe ser un asunto que se está construyendo desde hace tiempo”, señaló.

Las visitas a Baja California

Cossío también llamó la atención sobre otra afirmación contenida en el audio: que el abogado habría viajado de manera periódica a Baja California. Sostuvo que resulta complicado explicar esas visitas bajo la lógica de una simple gestión migratoria.

Indicó que se trata de un profesionista de muy alto nivel cuyos honorarios, por su experiencia y especialización, serían particularmente elevados. Por ello, dijo, resulta difícil pensar que un despacho de esa magnitud se involucre durante meses en un procedimiento ordinario relacionado con una visa.

El uso del término “agencias”

Otro elemento que consideró relevante fue la referencia a conversaciones con “agencias” estadounidenses. A diferencia de un procedimiento exclusivamente consular, observó, el uso del plural sugiere la participación de diversas instancias.

“Si es el Departamento de Estado, es el Departamento de Estado. Si es el consulado, es el consulado”, apuntó.

Explicó que en México operan de manera legal representantes de distintas corporaciones estadounidenses, entre ellas la DEA y el FBI, mediante figuras de enlace adscritas a las embajadas. Dichos funcionarios, precisó, participan en actividades de cooperación jurídica y de intercambio de información dentro de marcos legales establecidos.

Por lo que planteó la hipótesis de que las conversaciones mencionadas en el audio podrían haber tenido alcances distintos a un simple trámite administrativo: “Muy posiblemente, esto sí lo pongo como una hipótesis, para efectos de tener algún tipo de conversación, algún tipo de ajuste, etcétera”.

La reserva sobre las gestiones

El ministro en retiro también cuestionó otro de los argumentos atribuidos a la gobernadora: la necesidad de buscar asesoría legal fuera de Baja California para evitar filtraciones. Recordó que en la región fronteriza existe una amplia oferta de abogados especializados en temas migratorios y una intensa interacción cotidiana con autoridades estadounidenses.

Por ello, consideró poco lógico que una gestión para recuperar una visa requiriera tal nivel de discreción. “Si lo que quieres es una visa, ¿por qué tendría desdoro? ¿Por qué tendría que ser oculto? ¿Por qué tendría que haber un sigilo?”, planteó.

Agregó que una solicitud para revertir una revocación de visa es un procedimiento administrativo que, en principio, no justificaría medidas extraordinarias de confidencialidad. “La verdad resulta muy poco creíble la explicación que se da con posterioridad”, concluyó.

La difusión del audio ocurre en un momento particularmente sensible de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, con presiones de autoridades estadounidenses para avanzar en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, así como recientes operativos de alto impacto realizados por fuerzas federales mexicanas. Marina del Pilar Ávila Olmeda no enfrenta acusaciones formales conocidas.

Un contexto de presión creciente de EE.UU.

Cossío enmarcó el caso en un contexto más amplio de exigencias cada vez mayores por parte de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano en materia de seguridad y combate al crimen organizado: “La exigencia de Estados Unidos es muy grande”.

Sostuvo que las autoridades mexicanas han incrementado los decomisos, las detenciones y los aseguramientos de infraestructura utilizada por grupos criminales, pero consideró que las demandas estadounidenses han evolucionado hacia otro terreno.

A su juicio, la discusión ya no gira únicamente en torno a laboratorios, cargamentos de droga o integrantes operativos de las organizaciones criminales.“Sí, pero no están entregando a las personas que los propios Estados Unidos le llaman de la narcopolítica”, señaló.

Planteó que la principal presión de Washington estaría concentrándose en personas que, desde la visión estadounidense, habrían facilitado o protegido la operación de grupos criminales desde estructuras políticas, económicas o institucionales: “Yo creo que esa es la siguiente etapa”.

En torno a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la estrategia de seguridad y la cooperación bilateral, Cossío señaló que existe una diferencia de enfoque entre la narrativa del gobierno mexicano y las prioridades que, a su juicio, mantiene Estados Unidos.

Explicó que la administración federal suele centrar su discurso en la detención de quienes denomina “generadores de violencia”, es decir, integrantes operativos de grupos criminales responsables de homicidios y otros delitos de alto impacto. Sin embargo, consideró que Washington está poniendo el foco en otro tipo de actores.

“Estados Unidos no te está pidiendo que detengas a los generadores de violencia. Está pidiéndote que detengas a los que están en la connivencia que permite que los generadores de violencia se hayan enquistado en el Estado”, afirmó.

Añadió que, desde esa perspectiva, la atención estaría puesta en políticos, empresarios y operadores financieros que presuntamente facilitan las actividades criminales.

Respecto a la posibilidad de operaciones estadounidenses en territorio mexicano, Cossío sostuvo que el marco constitucional impide una intervención militar directa de fuerzas extranjeras.

Sin embargo, consideró que el esquema de colaboración actual apunta a un modelo distinto: labores de inteligencia realizadas por agencias estadounidenses y ejecución operativa a cargo de instituciones mexicanas.

unotv

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que frenaron un presunto atentado planeado durante la pelea de la UFC, celebrada en la Casa Blanca durante el cumpleaños del presidente Donald Trump.

El funcionario compartió en sus redes sociales un artículo de Fox News, donde se aseguró la existencia de un ataque con drones y francotiradores.

Al respecto, Kash Patel dijo que ejecutaron un operativo en varios estados, donde detuvieron a los responsables, antes del atentado.

“Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco”, difundió en X.

¿Cómo sería el presunto atentado?

Fox News informó que las autoridades detuvieron a cinco personas en el operativo mencionado, de acuerdo con funcionarios consultados.

Los investigadores del FBI identificaron que había 23 personas dentro de una “posible red de conspiradores” que planeaba un atentado en la pelea de la UFC en la Casa Blanca.

Presuntamente, el grupo contemplaba impactar drones en edificios cercanos a la Casa Blanca. Con eso, querían provocar una evacuación masiva que “dirigiera a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado.”

Asimismo, la cadena informativa alertó sobre presuntos planes de asaltar las puertas de la Casa Blanca con una “segunda oleada”.

Al respecto, el FBI dijo a la AFP que “por el momento no tenemos nada que añadir a la publicación”.

La pelea de la UFC en el cumpleaños de Donald Trump

El pasado 14 de junio, más de 4 mil aficionados se reunieron en el Jardín Sur de la Casa Blanca para la pelea de la UFC organizada por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Esta actividad también coincidió con el cumpleaños 80 de Donald Trump, quien tiene una estrecha relación con Dana White, presidente de la UFC.

Antes de subir al ring, el mandatario republicano emitió un saludo en el histórico balcón Truman durante el himno nacional, mientras 12 aviones militares realizaban un estruendoso sobrevuelo.

Donald Trump vio cómo el brasileño Diego Lopes noqueó al estadounidense Steve García en menos de tres minutos de combate.

sdpnoticias

El FBI presume el arresto de 1,343 miembros de cárteles mexicanos en la frontera sur de Estados Unidos desde abril, junto con decomisos millonarios.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio a conocer un fuerte golpe a los cárteles mexicanos que operan en la frontera sur, pues a través de operativos coordinados, las autoridades han logrado detener a más de mil narcos en poco más de dos meses; es decir, desde abril.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el FBI detalló que, desde abril hasta la fecha, en colaboración con más de 70 agencias federales como HSI, DEA, ATF, IRS, USMS y CBP, se realizaron 423 operaciones y 47,971 inspecciones fronterizas junto con la detención de más de mil mexicanos ligados al narcotráfico.

FBI reporta más de mil narcos mexicanos detenidos en frontera con Estados Unidos desde abril 2026

Estas acciones resultaron en la detención de 1,343 miembros ligados a cárteles, el aseguramiento de 2.5 toneladas métricas de narcóticos, 421 armas de fuego incluyendo fusiles AK-47, ametralladoras, pistolas y hasta lanzacohetes, y más de 700 mil dólares en efectivo.

Las imágenes compartidas por la agencia muestran importantes decomisos de armamento y drogas, destacando el impacto en las redes criminales que trafican fentanilo y otras sustancias hacia territorio estadounidense; el FBI enfatizó el trabajo conjunto de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Interna y el Centro Nacional de Coordinación tras la detención de más de mil narcotraficantes mexicanos.

Esta ofensiva se da en un contexto de alta tensión en la relación bilateral México-Estados Unidos por temas de seguridad y narcotráfico; por otro lado, la Embajada de EE.UU. en México respondió al anuncio con el mensaje “Más #segurosjuntos”.

Estos resultados reflejan un reforzamiento de las estrategias binacionales contra el crimen organizado, aunque persisten los desafíos en el control de flujos ilícitos en la extensa frontera compartida, por lo que el FBI continúa enfocado en desmantelar las estructuras financieras y logísticas de los cárteles de narcotráfico en México más poderosos.

Con información del FBI y reportes de agencias internacionales, las autoridades estadounidenses buscan mantener la presión para reducir la violencia y el tráfico de drogas que afecta a ambas naciones.

Mueller fue también fiscal especial e investigó los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial del republicano de 2016

Con la promesa de llevar el negocio del Cártel de Sinaloa a Europa, agentes del FBI encabezaron una misión secreta encubierta en la que engañaron y detuvieron a Jesús Guzmán Gutiérrez, primo del ‘Chapo’.

El País México

La caída de Ryan Wedding, un antiguo atleta olímpico canadiense convertido en uno de los principales traficantes de cocaína de la región, está llena de incógnitas y versiones contradictorias. Por un lado, el Gobierno de México defiende que el detenido se entregó en la embajada de Estados Unidos a la que llegó por su propio pie y en la que no hubo participación de fuerzas extranjeras. Por otro, una exclusiva del medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicada el miércoles apunta a que el narcotraficante en la lista de los más buscados fue arrestado en un operativo secreto con agentes del FBI en territorio mexicano. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha insistido este jueves en que su Gobierno no acepta operaciones en conjunto con fuerzas extranjeras dentro de su frontera.

Los periodistas del WSJ que han revelado los detalles de la detención aseguran que sus fuentes, cercanas al operativo tanto del lado mexicano como del estadounidense, relataron que el plan era altamente secreto debido a la “sensibilidad” del partido gobernante, Morena, con las intromisiones extranjeras. “Wedding se quedó súbitamente sin opciones. Cuando las fuerzas de seguridad lo atraparon en México la semana pasada, según informaron los funcionarios, miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI estuvieron involucrados”, relata el artículo. Los agentes negociaron con Wedding para que no opusiera resistencia cuando dieron con él, ya que asumieron que iba armado y que era peligroso. “Le recordaron que sus socios habían sido capturados y que millones de dólares de sus bienes habían sido confiscados, dijeron algunos oficiales”, prosigue el texto, que cita que también estuvieron involucradas autoridades mexicanas en la maniobra.

Esta versión coincide con la que defiende el abogado de Wedding, quien señaló en rueda de prensa que el relato del Gobierno de México sobre la entrega voluntaria es incorrecta. “Si el Gobierno de Estados Unidos entra de forma unilateral en un país soberano para detener a alguien, se puede entender la preocupación sobre la soberanía que ese país pueda tener. Pero [Wedding] fue detenido”, ha justificado el defensor Anthony Colombo sobre por qué las autoridades mexicanas defienden esa narrativa.

Sheinbaum ha zanjado este jueves desde Palacio Nacional que las operaciones de seguridad en territorio mexicano son llevadas a cabo por autoridades mexicanas. “Tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas, se lo decimos siempre al presidente Trump”, ha sentenciado, pero reconoce que la detención de Wedding no fue abordada en la última llamada con el mandatario estadounidense sobre seguridad y comercio. La presidenta asegura que fueron agentes de su Gabinete de Seguridad quienes rastrearon y acorralaron a Wedding con la congelación de sus activos hasta que se vio obligado a entregarse. “Se han detenido otros tres en México por fuerzas mexicanas de los 10 más buscados del FBI, o sea, en tal son cuatro. De los días más buscados en todo el mundo del FBI, los han detenido fuerzas mexicanas”, ha subrayado. En su comparecencia, ha vuelto a insistir en que la relación con Estados Unidos en materia de seguridad es de cooperación e intercambio de inteligencia, pero las maniobras en el terreno son competencia exclusiva de los agentes mexicanos.

La mandataria ya había detallado que Wedding se entregó voluntariamente a las fuerzas de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, una versión apoyada por el embajador de Washington en Ciudad de México. Para ilustrarlo y reforzar su postura, señaló cómo fue el mismo detenido quien anunció que se iba a entregar en sus redes sociales y subió una foto de él frente al edificio de la embajada en calle Danubio en Ciudad de México. Sin embargo, esa foto fue subida desde una cuenta que ha sido desacreditada en varias ocasiones y que tiene claras señales de haber sido producido con inteligencia artificial, más allá que el edificio que muestra es el de la antigua sede diplomática, que ya no está en uso.

Diario 24 Horas

Kash Patel, director del FBI, anunció que este sábado arrestó a Alejandro "Alex" Rosales Castillo, quien se trataba fugitivo considerado en la lista de los 10 Más Buscados desde 2017.

Patel informó que Castillo resultó arrestado en México el pasado viernes y extraditado, debido a que era buscado en relación con el asesinato en 2016 de su excompañero de trabajo, Sandy Ly Le, de 23 años, en Charlotte, Carolina del Norte.
El director del FBI agradeció al Gobierno mexicano su colaboración para atrapar a uno de los más buscados desde hace 10 años.

“Increíble trabajo @FBICharlotte, y gracias a nuestros socios que cumplieron: el gobierno de México, Legat México, el Departamento de Estado, HSI, el Servicio Secreto, la Policía de Charlotte-Mecklenburg y más”.

Afirmó que se trata del “quinto fugitivo de los 10 Más Buscados capturado por este FBI en un año, desde principios de 2025; más capturas en un año que en los cuatro años anteriores juntos. Es un mérito del excelente trabajo de investigación y el gran liderazgo de esta administración, con @realdonaldtrump y @TheJusticeDept permitiendo que los buenos policías sean policías”.

Por su parte, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó que la “cooperación, la colaboración y la coordinación producen resultados tangibles. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y del Presidenta @ClaudiaShein, mantenemos nuestro compromiso con la acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia”.

Alejandro Rosales tenía una orden de arresto estatal y otra federal en Estados Unidos. El FBI ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que conduzca directamente a su arresto

Contraparte/Staff

Como resultado de una operación derivada de la detención en el estado de Puebla por parte de la Policía Estatal de un hombre identificado como Mario Guadalupe N., en posesión de estupefacientes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), concretaron su traslado a Estados Unidos, luego de que se corroboró que era un objetivo prioritario requerido por el Federal Bureau of Investigation (FBI).

El detenido, Mario Guadalupe N., quien también se identificaba como José Francisco N., era buscado por su presunta participación en la muerte a tiros de un hombre durante un intento de robo ocurrido el 1 de febrero de 2012 en Fairfield, California; por este hecho, el Tribunal Superior del Condado de Solano lo acusó de homicidio.

Asimismo, en febrero de 2022, el Tribunal Federal del Distrito Este de California emitió una orden judicial de arresto en su contra por darse a la fuga para evadir el proceso penal. El FBI ofrecía una recompensa de hasta 25 mil dólares por información que permitiera su identificación, captura y posterior condena.

Tras su ubicación y detención, se llevó a cabo una operación interinstitucional para su traslado aéreo de Puebla al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y, posteriormente, al Aeropuerto Internacional de Houston, Estados Unidos, donde fue remitido a autoridades federales estadounidenses.

Récord (México)

El FBI ha revelad detalles sobre una red de apuestas deportivas y manipulación de juegos de póker que involucra a figuras activas de la NBA, así como a miembros de la mafia italiana. En una conferencia de prensa realizada este jueves, la agencia confirmó el arresto de 30 personas, entre ellas, Chauncey Billups, actual entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, jugador de los Charlotte Hornets; y Damon Jones, exjugador y exentrenador asistente de la liga.

De acuerdo con el FBI, la investigación, que lleva más de cuatro años en curso, se dividió en dos grandes casos. El primero, denominado “Operación Nada Más Que Red”, destapó un esquema de apuestas ilegales basado en información privilegiada obtenida de jugadores y entrenadores de la NBA. Los implicados utilizaron datos confidenciales sobre lesiones, rotaciones y decisiones tácticas para realizar apuestas deportivas que generaron ganancias de decenas de miles de dólares por cada jugada.

El segundo caso, llamado “Operación Escalera Real”, se centró en un plan nacional de fraude en partidas de póker clandestinas que operaban en lugares exclusivos como Los Hamptons, Miami, Las Vegas y Manhattan. En total, 31 personas fueron acusadas de manipular juegos mediante el uso de tecnología de trampa avanzada, incluyendo máquinas barajadoras modificadas, lentes de contacto con visión de cartas marcadas, bandejas de fichas con cámaras ocultas y mesas de póker con rayos X.

Involucramiento directo de figuras de la NBA

El FBI señaló que el jugador Terry Rozier habría informado con anticipación a los acusados que saldría de un partido por lesión el 23 de marzo de 2023. Esta información fue utilizada para apostar más de 200 mil dólares en su contra, y tras abandonar el juego a los nueve minutos, las apuestas generaron ganancias considerables que fueron repartidas en la casa del propio Rozier.

Asimismo, se reveló que el exjugador de los Raptors, Jontay Porter, fue amenazado y forzado a participar en el esquema debido a deudas de juego acumuladas. Las franquicias afectadas por estas apuestas incluyen a Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y Toronto Raptors, según confirmaron las autoridades.

La investigación conjunta, liderada por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, revisó miles de horas de video y ejecutó más de dos docenas de órdenes de cateo en distintos estados. Las pérdidas totales para las víctimas ascienden a más de siete millones de dólares, incluyendo un caso individual que supera los 1.8 millones.

Aunque los casos son legalmente separados, existen tres acusados que aparecen en ambos, entre ellos Damon Jones, quien presuntamente actuaba como intermediario entre jugadores activos y organizadores de las apuestas.

La NBA aún no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera una respuesta inmediata de la liga ante la gravedad del escándalo, que podría derivar en suspensiones indefinidas o expulsiones para los implicados. La liga ha reiterado en el pasado su política de tolerancia cero hacia las apuestas y la manipulación de resultados.

aristeguinoticias

El Departamento de Justicia presentó el caso apenas días atrás, después de que Trump instara a la fiscal Bondi, a actuar contra oponentes políticos.

Un gran jurado federal imputó este jueves a James B. Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien investigó al presidente Donald Trump por los posibles vínculos de Rusia con su campaña de 2016.

Aunque los cargos aún no han sido revelados públicamente, fuentes del Departamento de Justicia indicaron a medios estadounidenses que el gran jurado acusó a Comey de un delito de declaración falsa y un delito de obstrucción.

El Departamento de Justicia presentó el caso apenas días atrás, después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra oponentes políticos.

La administración considera que la conducta de Comey en redes sociales y en declaraciones públicas podría constituir un abuso de su cargo, mientras que partidarios del exdirector califican la acusación como motivada políticamente.

El investigador reaccionó diciendo: “Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal”, en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Soy inocente, así que celebremos un juicio y mantengamos la fe”, agregó en el vídeo.

Comey se convierte así en el primer exalto funcionario procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses. En el pasado, Trump ha calificado la pesquisa en su contra de “cacería de brujas“.

La investigación de Comey buscaba determinar si miembros de la campaña de Trump habían coordinado con Rusia y supervisó la recopilación de pruebas y testimonios del Congreso, lo que generó controversias que llevaron a su despido en 2017.