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Contraparte/Staff

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, informó que será en el 2026 cuando se desahogue la homologación de la Ley Vicaria, la tipificación del delito de montachoques y las reformas para sancionar el robo a cuentahabientes.

La legisladora señaló que estos temas son prioritarios y debieron atenderse en este 2025, no obstante, confía que la homologación de la Ley Vicaria con la legislación federal se dé pronto para tipificarlos como delito autónomo y mejorar su aplicación.

Indicó que actualmente persiste resistencia institucional y falta de capacitación para su correcta implementación.

Suriano recordó que en Puebla la Ley Vicaria fue aprobada en 2022 y publicada en el Periódico Oficial del Estado en agosto de ese mismo año.

“Son iniciativas que debemos ir resolviendo porque responden a conflictos actuales; se requiere dar solución y respuesta a muchas mujeres y a los niños, ya que para Movimiento Ciudadano este también es un tema de infancias”, expresó.

La diputada confió en que una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de enero, se retomen estas propuestas, entre ellas la reforma al Código Penal para sancionar a los llamados montachoques.

La iniciativa busca tipificar como delito la simulación de accidentes viales con fines de extorsión, protegiendo el patrimonio y la seguridad de las personas.

Finalmente, Fedrha Suriano recordó que, en el caso del robo a cuentahabientes, Movimiento Ciudadano plantea castigar con penas de 3 a 8 años de prisión a empleados bancarios que filtren información y participen como cómplices en este tipo de delitos.

Aurelia Navarro Niño

La jueza de control Alejandra Román Pérez fue señalada por Andrea Lezama de haber influido para dejar en libertad al agresor vicario Ricardo N., quien había sido vinculado a proceso por haber incurrido por años en violencia vicaria.

Andrea Lezama acuso que esto significa un retroceso para la Ley Vicaria que fue reconocida en el estado de Puebla el 3 de agosto del 2022, porque deja sin fundamento la ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Andrea Lezama pedirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) impugne el resolutivo a favor del agresor vicario, porque fue a través de un Ministerio Publico (MP) como se incurrió en esta irregularidad.

Reiteró que acudirá a todas las instancias necesarias para evitar que, quien la violento a ella y su hijo quede en libertad estando custodiado 24 horas en su domicilio, pero dejando vulnerable a su hijo.

La jueza además de ser omisa en los procesos, cambio la medida cautelar de prisión preventiva a un arresto domiciliario, de tal manera que Ricardo N., primer hombre vinculado a proceso en Latinoamérica por violencia vicaria, regresara a su casa donde estuvo protegido por sus familiares para no enfrentar la justicia.

Actualmente la violencia vicaria se castiga como un delito que se castiga de 3 a 10 años de prisión.