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“Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos”, aseguró Donald Trump en su discurso durante el funeral por el activista conservador asesinado Charlie Kirk el domingo pasado. Menos de una semana después, se ha desatado la campaña de venganza judicial contra quienes él considera sus  enemigos.

Uno de sus grandes adversarios políticos, el exdirector del FBI James Comey, ha sido imputado a última hora de este jueves por perjurio y obstrucción a la justicia, apenas días después de que el presidente de Estados Unidos exigiera públicamente que se presentaran cargos contra él. Y el  republicano ya apunta que Comey no será el único en ser sometido a ese tratamiento.

La imputación pone de relieve la determinación de castigar a sus oponentes de un presidente decidido a poner a prueba los límites de su mandato y expandirlos allá donde sea posible. Sus presiones públicas al Departamento de Justicia, que forma parte del Gobierno, pero en teoría opera de modo independiente, se suman a una serie de maniobras desde su regreso al poder de hostigamiento hacia sus adversarios: desde la retirada de la escolta a la excandidata presidencial demócrata, Kamala Harris, y a algunos de sus propios antiguos asesores, al registro de la vivienda del exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton, pasando por las amenazas de investigación contra el multimillonario George Soros.

El paso dado por Trump carece de precedentes. Al menos en público, sus predecesores respetaron la condición de independencia del Departamento de Justicia y evitaron pronunciarse sobre sus decisiones de presentar —o no presentar— cargos contra nadie. Algo que se percibía como  fundamental para mantener el principio de la separación de poderes y el Estado de derecho. En el caso de Comey, en cambio, el presidente ha presionado muy públicamente a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, ha forzado la dimisión del fiscal encargado del caso de investigar al exjefe del FBI,  Erik Siebert, y lo ha reemplazado por una antigua abogada que es ardiente partidaria suya, Lindsey Halligan.

Aunque el presidente negaba, horas antes de la presentación de cargos, que hubiera tenido un papel en el caso, también apuntaba en declaraciones en el Despacho Oval: “Creo que me estaría permitido implicarme”.

E inmediatamente antes de marcharse este viernes de la Casa Blanca para viajar a Nueva York, donde asistirá a la Copa Ryder de golf, Trump avisaba de que otros adversarios políticos podrán verse en la misma situación que el antiguo jefe de la Policía federal. “No hay una lista, pero creo que  habrá otros”, apuntaba antes de subir al helicóptero Marine One.

“Son corruptos. Demócratas corruptos, de la izquierda radical… habrá otros. Es mi opinión. Convirtieron el Departamento de Justicia en un arma política como nadie antes en la Historia. Lo que han hecho es terrible, y espero de verdad que haya otros, porque no se puede dejar que esto le pase a  un país”, declaró el presidente.

Comey dirigía el FBI cuando Trump llegó al poder en su primer mandato en 2017, pero este le cesó ese mismo año, apenas días después de que anunciase la apertura de una investigación sobre aquellos posibles vínculos rusos. Desde entonces, Comey se ha convertido en uno de los blancos  políticos constantes del presidente por esa pesquisa.

El exdirector de la Policía federal, que está citado para responder de las acusaciones en un tribunal de Alexandria el 9 de octubre, se ha declarado inocente de las acusaciones. “Se me rompe el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo gran confianza en el sistema de justicia federal. 

Soy inocente, así que vayamos a juicio y mantengamos la confianza”, afirmó en un vídeo colgado en redes sociales. “No voy a vivir de rodillas, y ustedes tampoco deberían hacerlo”, apuntó.

La gran interrogante ahora es si, como avisa Trump, el martillo judicial se utilizará contra otros adversarios políticos suyos. En su mensaje a Bondi el fin de semana pasado, Trump le había reclamado también que actuara contra otras dos de las grandes némesis presidenciales: el senador Adam  Schiff y la fiscal federal de Nueva York Letitia James.

James llevó a Trump y su empresa a juicio por fraude. En esa causa civil, un juez de Manhattan condenó al presidente y a su familia a pagar 454 millones de dólares en concepto de multa, en un fallo que limitó la capacidad de la Organización Trump para obtener préstamos y bloqueó que los hijos  mayores del republicano, Eric y Donald Junior, pudieran administrar el negocio familiar durante dos años. Pero el mes pasado, un tribunal de apelaciones tumbó esa decisión judicial. Por su parte, Schiff encabezó uno de los intentos de juicio político contra el republicano durante su primer  mandato.

El próximo en estar en la diana podría ser John Bolton, el antiguo consejero de Seguridad Nacional de Trump y hoy un prolífico crítico de su antiguo jefe en los medios de comunicación. Tras el registro de su vivienda en agosto, el Departamento de Justicia pretende imputarle por supuesta tenencia  de documentos clasificados, algo que puede ocurrir incluso este mismo viernes, según la cadena de televisión CNN.

Está pendiente también de dirimirse en el Tribunal Supremo el caso de Lisa Cook, la gobernadora de la Reserva Federal a la que el presidente pretende cesar. La antigua académica denuncia que Trump quiere, con su despido, poner fin a la independencia del banco central, considerada clave para  la buena marcha de la economía del país.

En el punto de mira presidencial se encuentra también el exdirector de la CIA John Brennan, objeto de la animadversión de Trump, y de pesquisas del Departamento de Justicia por las investigaciones de la agencia en torno a los contactos de Rusia en 2016. Y podría estarlo también el  multimillonario George Soros y su Open Society Foundation, una sociedad benéfica para la promoción de las libertades, según el periódico The New York Times, que cita un memorándum que apunta entre los posibles cargos el de “apoyo material al terrorismo”. La directriz, indica el medio,  “sugiere que los líderes del Departamento cumplen órdenes del presidente para que grupos o personas específicas sean sometidas a una investigación penal”.