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Los jueces aceptaron la apelación del Departamento de Justicia a la decisión de un tribunal inferior de que Trump se extralimitó en su autoridad al imponer la mayoría de sus aranceles en virtud de una ley federal destinada a situaciones de emergencia.
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó que decidirá sobre la legalidad de los aranceles globales de Donald Trump, en una prueba importante para una de las medidas más audaces del presidente republicano y que ha sido central para su agenda económica y comercial.
Los jueces aceptaron la apelación del Departamento de Justicia a la decisión de un tribunal inferior de que Trump se extralimitó en su autoridad al imponer la mayoría de sus aranceles en virtud de una ley federal destinada a situaciones de emergencia.
El tribunal, que comienza su próximo mandato de nueve meses el 6 de octubre, ha acelerado la tramitación del caso y ha programado los alegatos orales para la primera semana de noviembre.
Actuó con rapidez después de que el gobierno le pidió la semana pasada que revisara el caso, que implica billones de dólares en aranceles durante la próxima década.
Los jueces también acordaron escuchar un desafío separado a los aranceles de Trump presentado por una empresa familiar de juguetes, Learning Resources.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington dictaminó en agosto que Trump se extralimitó al invocar una ley de 1977 conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, para imponer los aranceles, socavando una de las principales prioridades del presidente en su segundo mandato.
Los aranceles, sin embargo, siguen en vigor.
Los gravámenes forman parte de una guerra comercial instigada por Trump desde que volvió a la presidencia en enero que ha alienado a los socios de Estados Unidos, aumentado la volatilidad en los mercados financieros y alimentado la incertidumbre económica mundial.
Trump ha hecho de los aranceles una herramienta clave de política exterior, utilizándolos para renegociar acuerdos comerciales, lograr concesiones y ejercer presión política sobre otros países.
En abril, Trump invocó la ley de 1977 al imponer aranceles sobre bienes importados de países individuales para hacer frente a los déficits comerciales, así como otros aranceles anunciados en febrero como palanca económica sobre China, Canadá y México para frenar el tráfico de fentanilo y drogas ilícitas a Estados Unidos.
La ley otorga al presidente poderes para hacer frente a “una amenaza inusual y extraordinaria” en un contexto de una emergencia nacional. Históricamente se había utilizado para imponer sanciones a enemigos o congelar sus activos. Antes de Trump, la ley nunca se había utilizado para imponer aranceles.
El Departamento de Justicia ha argumentado que la ley permite los aranceles en virtud de las disposiciones de emergencia que autorizan a un presidente a “regular” las importaciones.
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad para establecer impuestos y aranceles, y cualquier delegación de esa autoridad debe ser explícita y limitada, según las demandas.
