EL IMPARCIAL
Este jueves 20 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca desmantelar el Departamento de Educación, reduciendo sus funciones a un mínimo esencial. Esta decisión se alinea con su promesa de campaña de reducir el tamaño del Gobierno federal y devolver competencias en materia de educación a los estados.
La orden ejecutiva marca un cambio significativo en la estructura gubernamental, aunque no implica el cierre total del Departamento de Educación, ya que esto requeriría la aprobación del Congreso. Sin embargo, la agencia federal verá drásticamente reducidas sus responsabilidades, manteniendo solo funciones básicas relacionadas con la gestión de ayudas, becas y préstamos estudiantiles.
Un paso hacia la descentralización educativa
La medida responde a la visión del presidente Trump de devolver a los estados y gobiernos locales el control sobre las políticas educativas. Según la Casa Blanca, esta decisión busca eliminar la burocracia excesiva y permitir que cada estado tome decisiones más cercanas a las necesidades de sus comunidades.
El Departamento de Educación, creado en 1979 durante la presidencia de Jimmy Carter, ha sido históricamente responsable de supervisar programas federales, establecer estándares educativos y distribuir fondos para escuelas y universidades. Con esta orden ejecutiva, gran parte de estas competencias serán transferidas a los estados, lo que ha generado un intenso debate entre partidarios y detractores de la medida.
Reacciones y controversias
La decisión ha sido recibida con opiniones divididas. Los defensores de la medida argumentan que permitirá una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades locales, mientras que los críticos advierten sobre posibles desigualdades entre estados, especialmente en aquellos con menos recursos económicos.
Organizaciones educativas y sindicatos de profesores han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la calidad de la educación y en el acceso a programas federales que benefician a estudiantes de bajos ingresos. Por otro lado, grupos conservadores y partidarios de Trump han celebrado la decisión como un paso hacia un gobierno más eficiente y menos centralizado.
