El plan, llamado en código Operación Constitución, involucraba a decenas de capitanes, coroneles y generales de las cuatro ramas de las fuerzas armadas de Venezuela.

El objetivo era directo y sísmico: capturar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a juicio. Se suponía que los conspiradores, con brazaletes azules marcados como OC, asaltarían el palacio presidencial y la principal base militar y detendrían las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

Parte de la planificación se llevó a cabo en Bogotá, la capital colombiana, pero los funcionarios de ese país y estadounidenses, quienes supuestamente sabían sobre el plan, vieron todo desde la banda y se negaron a brindar apoyo activo.

Entonces algo salió mal. A mediados de mayo, varias docenas de militares, incluida una mujer, así como un par de civiles, fueron arrestados en secreto.

Algunos fueron acusados de traición, y encarcelados por un tribunal militar. Muchos dicen que han sido torturados. Los conspiradores creen que fueron traicionados, posiblemente por un agente doble.

Esta reconstrucción de la conspiración se basa en entrevistas con un coordinador del grupo que escapó del arresto, dos que asistieron a sesiones de planificación y abogados y familiares de un acusado.

Eso puede explicar por qué el gobierno ha intentado vincularla con el golpe. Rocío San Miguel, presidenta del grupo de vigilancia Control Ciudadano, comenta que Maduro también mantiene el control a través del miedo, deteniendo o purgando regularmente a otros oficiales y soldados.

"No creo en la idea de que Maduro se aferre a un hilo", dice San Miguel. "Maduro ha desarrollado una política estatal de persecución y monitoreo dentro de las fuerzas armadas. Él es paranoico. El gobierno está creando un sistema de protección".