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Iniciativa Sinaloa advirtió que la reforma impulsada por el gobernador con licencia ampliaría las causales para ocultar información y eliminaría obligaciones de transparencia para partidos políticos.
La organización Iniciativa Sinaloa advirtió sobre riesgos de opacidad y retrocesos en materia de rendición de cuentas derivados de la iniciativa de reforma a la ley de transparencia enviada al Congreso local por el gobernador Rubén Rocha Moya días antes de solicitar licencia al cargo, tras ser acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de cargos relacionados con el narcotráfico.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Marlene León, directora de la organización, señaló que la propuesta fue presentada el 21 de abril y que “nunca fue difundida, nunca se socializó por parte de las autoridades”, pese a que colectivos y organismos ciudadanos solicitaron durante más de un año conocer su contenido.

Explicó que la iniciativa corresponde a la legislación secundaria derivada de la reforma en materia de transparencia y que el documento se conoció públicamente el mismo día en que recibió primera lectura en el Congreso estatal y avanzó rápidamente a segunda lectura.

Dijo que durante la revisión detectaron “varios riesgos muy preocupantes en materia de opacidad”, así como “un retroceso inminente en temas anticorrupción, de rendición de cuentas”.

León sostuvo que uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones civiles es que la propuesta permitiría reservar información relacionada con comprobantes, recibos y gasto público. “Nosotros creemos que este es un intento por el gobierno de Rocha Moya por blindarse, de blindar su administración ante el escrutinio público”, afirmó.

También alertó sobre disposiciones que impedirían acceder a información sobre denuncias e investigaciones administrativas contra servidores públicos. Sostuvo que esto cobra relevancia, particularmente a la luz de las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador con licencia y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. “Tenemos derecho a saber cuáles son las investigaciones o las denuncias que haya en este sentido”, indicó.

La activista señaló que, de aprobarse la iniciativa en sus términos actuales, tampoco podría conocerse el estado de procedimientos administrativos o investigaciones relacionadas con funcionarios públicos. “No vamos a tener ese acceso a la verdad”, dijo.

Otro de los riesgos es la eliminación de obligaciones de transparencia para partidos políticos. León afirmó que la iniciativa “está quitando a los partidos políticos como entes obligados a transparentar información”. Añadió que, en caso de aprobarse, ya no sería posible acceder a datos sobre contratos, convenios, recursos públicos, número de militantes o tabuladores salariales de los partidos.

Indicó que el financiamiento público destinado a los partidos en Sinaloa rondó los 180 millones de pesos para 2025 y advirtió que la ciudadanía perdería acceso a información sobre ingresos y contratos vinculados a esos recursos.

Asimismo, expresó preocupación porque los municipios dejarían de ser considerados sujetos obligados en materia de transparencia. Según explicó, la iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo estatal concentre funciones relacionadas con el acceso a información municipal.

La directora de Iniciativa Sinaloa también cuestionó que sindicatos y universidades queden fuera de diversas obligaciones de transparencia. Señaló que se trata de sectores sobre los que existen cuestionamientos públicos y consideró que la propuesta “no va a abonar nada” a la rendición de cuentas.

“Las universidades también han sido muy cuestionadas por el posible vínculo que hay con el crimen organizado”, afirmó.

León aseguró que la iniciativa amplía además el catálogo de causales para reservar información pública y extiende los plazos de respuesta a solicitudes de información. “Pasamos de que cuando solicitabas información te la entregaban en 10 días y ahora te están proponiendo que te la van a entregar en 20 días”, explicó, con posibilidad de prórroga adicional.

Sostuvo que la propuesta representa “una ley nueva que está buscando blindar a las autoridades” y afirmó que “no nos está garantizando nuestro derecho a saber y tener rendición de cuentas”.

La activista vinculó además la reforma con las recientes investigaciones periodísticas sobre presunto enriquecimiento ilícito y manejo irregular de recursos por parte de exfuncionarios cercanos a Rocha Moya, como el caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y coacusado en Estados Unidos junto con el gobernador con licencia.

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“Se encontró que él posiblemente incurrió en corrupción al tener un enriquecimiento ilícito y hacer compras al contado”, señaló. Advirtió que, si la iniciativa se aprueba, información de este tipo podría quedar reservada por varios años.

La activista recordó que Sinaloa -que tuvo la primera ley de transparencia en el país en 2002- fue una de las primeras entidades en incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados en materia de transparencia y lamentó que la iniciativa implique, a su juicio, un retroceso de décadas.

También señaló que organizaciones civiles han solicitado audiencias con legisladores desde hace más de un año sin obtener respuesta. Ante ello, pidió que el Congreso estatal revise y modifique el contenido de la iniciativa antes de dictaminarla: “El Congreso podría enviar una señal a la ciudadanía de que hay un deslinde del gobierno de Rubén Rocha Moya”.

“Nos preocupa muchísimo que se apruebe y que nos hayan dado la espalda nuevamente”, declaró.

Adelantó que, en caso de que la reforma avance sin cambios, las organizaciones promoverán recursos legales. “Vamos a presentar amparos”, afirmó, al considerar que la propuesta vulnera principios de progresividad y derechos vinculados al acceso a la información.

La iniciativa fue enviada al Congreso local, donde Morena y aliados tienen la mayoría legislativa.

Dijo que durante la revisión detectaron “varios riesgos muy preocupantes en materia de opacidad”, así como “un retroceso inminente en temas anticorrupción, de rendición de cuentas”.

León sostuvo que uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones civiles es que la propuesta permitiría reservar información relacionada con comprobantes, recibos y gasto público. “Nosotros creemos que este es un intento por el gobierno de Rocha Moya por blindarse, de blindar su administración ante el escrutinio público”, afirmó.

También alertó sobre disposiciones que impedirían acceder a información sobre denuncias e investigaciones administrativas contra servidores públicos. Sostuvo que esto cobra relevancia, particularmente a la luz de las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador con licencia y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. “Tenemos derecho a saber cuáles son las investigaciones o las denuncias que haya en este sentido”, indicó.

La activista señaló que, de aprobarse la iniciativa en sus términos actuales, tampoco podría conocerse el estado de procedimientos administrativos o investigaciones relacionadas con funcionarios públicos. “No vamos a tener ese acceso a la verdad”, dijo.

Otro de los riesgos es la eliminación de obligaciones de transparencia para partidos políticos. León afirmó que la iniciativa “está quitando a los partidos políticos como entes obligados a transparentar información”. Añadió que, en caso de aprobarse, ya no sería posible acceder a datos sobre contratos, convenios, recursos públicos, número de militantes o tabuladores salariales de los partidos.

Indicó que el financiamiento público destinado a los partidos en Sinaloa rondó los 180 millones de pesos para 2025 y advirtió que la ciudadanía perdería acceso a información sobre ingresos y contratos vinculados a esos recursos.

Asimismo, expresó preocupación porque los municipios dejarían de ser considerados sujetos obligados en materia de transparencia. Según explicó, la iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo estatal concentre funciones relacionadas con el acceso a información municipal.

La directora de Iniciativa Sinaloa también cuestionó que sindicatos y universidades queden fuera de diversas obligaciones de transparencia. Señaló que se trata de sectores sobre los que existen cuestionamientos públicos y consideró que la propuesta “no va a abonar nada” a la rendición de cuentas.

“Las universidades también han sido muy cuestionadas por el posible vínculo que hay con el crimen organizado”, afirmó.

León aseguró que la iniciativa amplía además el catálogo de causales para reservar información pública y extiende los plazos de respuesta a solicitudes de información. “Pasamos de que cuando solicitabas información te la entregaban en 10 días y ahora te están proponiendo que te la van a entregar en 20 días”, explicó, con posibilidad de prórroga adicional.

Sostuvo que la propuesta representa “una ley nueva que está buscando blindar a las autoridades” y afirmó que “no nos está garantizando nuestro derecho a saber y tener rendición de cuentas”.

La activista vinculó además la reforma con las recientes investigaciones periodísticas sobre presunto enriquecimiento ilícito y manejo irregular de recursos por parte de exfuncionarios cercanos a Rocha Moya, como el caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y coacusado en Estados Unidos junto con el gobernador con licencia.

“Se encontró que él posiblemente incurrió en corrupción al tener un enriquecimiento ilícito y hacer compras al contado”, señaló. Advirtió que, si la iniciativa se aprueba, información de este tipo podría quedar reservada por varios años.

La activista recordó que Sinaloa -que tuvo la primera ley de transparencia en el país en 2002- fue una de las primeras entidades en incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados en materia de transparencia y lamentó que la iniciativa implique, a su juicio, un retroceso de décadas.

También señaló que organizaciones civiles han solicitado audiencias con legisladores desde hace más de un año sin obtener respuesta. Ante ello, pidió que el Congreso estatal revise y modifique el contenido de la iniciativa antes de dictaminarla: “El Congreso podría enviar una señal a la ciudadanía de que hay un deslinde del gobierno de Rubén Rocha Moya”.

“Nos preocupa muchísimo que se apruebe y que nos hayan dado la espalda nuevamente”, declaró.

Adelantó que, en caso de que la reforma avance sin cambios, las organizaciones promoverán recursos legales. “Vamos a presentar amparos”, afirmó, al considerar que la propuesta vulnera principios de progresividad y derechos vinculados al acceso a la información.

La iniciativa fue enviada al Congreso local, donde Morena y aliados tienen la mayoría legislativa.

sdpnoticias

Sheinbaum confirma que Rubén Rocha Moya pidió seguridad federal tras licencia como gobernador de Sinaloa y acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum confirmó el 4 de mayo que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, solicitó seguridad federal luego de ser acusado de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

“Sí [pidió seguridad] en este momento tiene la seguridad”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras pedir licencia el 2 de mayo, Rubén Rocha Moya quedó sin fuero pero con protección oficial, al considerarse que enfrenta un riesgo real.

La presidenta de México explicó que cualquier servidor público o ciudadano puede pedir seguridad al Gabinete, aunque no detalló el número de elementos asignados al gobernador con licencia.
Claudia Sheinbaum confirma que Rubén Rocha Moya pidió seguridad federal

En la conferencia mañanera del 4 de mayo del 2026, Claudia Sheinbaum confirmó que tras la petición de licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pidió seguridad federal luego de que la Fiscalía de Nueva York lo acusó de narcotráfico.

“Sí [pidió seguridad] en este momento tiene la seguridad”, explicó la mandataria, asegurando que tras un análisis se confirmó el riesgo que tiene.

Sheinbaum explicó que un gobernador, servidor público o bien, hasta un ciudadano tiene el derecho a pedir protección al Gabinete de Seguridad, circunstancia a la que recurrió Rocha Moya.

La mandataria aseguró que tras la licencia de Rocha Moya obtuvo seguridad federal luego de un análisis previo que apuntó que sí necesitaba de este servicio por el gobierno.

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, gobernador con licencia, de cualquier estado de la república [mexicana], sea un diputado, un senador,incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o el Gabinete de Seguridad apoyo. Se hace una análisis de riesgo y sobre eso se establece si se da o no”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no especificó cuánta seguridad se le brindó a Rubén Rocha Moya.

Fue el 2 de mayo que el gobernador de Sinaloa pidió licencia al Congreso del Estado, mismo que se le otorgó y lo que lo dejó sin fuero.

La solicitud de Rubén Rocha Moya se hizo tres días después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusó de narcotráfico ligado al Cártel de Sinaloa.

Debate

Tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, Yeraldine Bonilla fue designada como gobernadora interina, en un contexto político marcado por controversias y reacciones en redes sociales.

El nombramiento ha reactivado la difusión de un episodio ocurrido previamente entre ambos actores políticos, el cual ha generado debate sobre el trato y discurso dentro de la vida pública.

Reviven momento polémico en evento público

En abril de 2025, durante un evento público en Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya se refirió al pasado laboral de Yeraldine Bonilla, quien fungía como presidenta del Congreso local.

Rocha Moya la llamó 'meserita de una lonchería de Dimas', haciendo alusión a sus orígenes en el municipio de San Ignacio.

“Yeraldine Bonilla Velarde, diputada, ella es la presidenta de la Cámara. Espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Geraldine?, ya es la segunda vez que era diputada. Yeraldine era una meserita de una lonchería de Dimas”, dijo Rocha Moya, situación que incomodó a Yeraldine en su momento.

Reacciones por declaraciones de Rocha Moya

En el material difundido, Rocha Moya señaló que Bonilla había obtenido su cargo legislativo gracias a las 'tómbolas' de Morena, un método de insaculación utilizado por el partido para asignar candidaturas plurinominales.

“Nada más que lo tocó una de las tómbolas de Morena, y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad, y cuando menos pensé, traía unos de esos carrones, ¿cómo le llaman?....andaba muy metida en el tema de seguridad”, explicó.

Además, mencionó su ascenso dentro de la política y sugirió la intervención de terceros en su trayectoria, lo que intensificó la polémica en el ámbito digital.

“Cualquier mujer, cualquier haciendo lo que esté haciendo puede tener la oportunidad en la democracia de llegar. Entonces, ¿quién fue el padrino de ella?, su papá, no sé a quién agarró de padrino para que la bautizara, ese ya es problema de él, no para la cosa política alguien la hizo”, añadió.

Detalles sobre la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya tras las acusaciones y solicitud de extradición por parte de Estados Unidos

El 1 de mayo de 2026, Rubén Rocha Moya presentó una solicitud de licencia temporal ante el Congreso del Estado de Sinaloa para separarse de su cargo como gobernador.

Esta decisión se produjo días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hiciera pública una acusación formal en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos de tráfico de drogas y armas.

Junto con la acusación, el gobierno estadounidense emitió una solicitud de detención con fines de extradición que involucra a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, incluyendo al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Ante esta situación, Rocha Moya declaró que su separación del cargo tiene como objetivo facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y evitar que el proceso afecte a su movimiento político, afirmando tener la conciencia tranquila.

Por su parte, la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han señalado inicialmente que el gobierno de Estados Unidos no acompañó la solicitud con pruebas suficientes para sustentar la captura, por lo que solicitarán mayor evidencia antes de proceder con cualquier orden de aprehensión o proceso de extradición.

sdpnoticias

Estados Unidos va por bienes de Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa tras acusaciones por supuestos nexos con el narcotráfico

Estados Unidos endureció su ofensiva contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios al buscar directamente sus fortunas y propiedades.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los implicados deberán entregar cualquier bien obtenido de ganancias ilícitas relacionadas con la presunta protección a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Van por cuentas, propiedades y activos ligados al narco

La estrategia legal de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y funcionaros de Sinaloa supuestamente ligados al narcotráfico, no solo contempla penas de prisión, sino también el decomiso total de activos:

Cuentas bancarias

Inmuebles

Recursos transferidos a terceros

Incluso, autoridades estadounidenses advirtieron que, si no se localizan bienes directos, procederán contra activos sustitutos o vinculados indirectamente a las operaciones ilícitas ligadas al narcotráfico de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Este movimiento forma parte de una acusación de Estados Unidos más amplia contra al menos nueve funcionarios de Sinaloa:

Enrique Inzunza Cázarez: senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa

Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas

Dámaso Castro Zaavedra: vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Juan Valenzuela Millán: excomandante de la Policía Municipal de Culiacán

Marco Antonio Almanza Aviles: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Nunez: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez: exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa

Jose Antonio Dionisio Hipolito: exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Juan De Dios Gámez Mendívil: presidente municipal de Culiacán

Ellos han sido señalados por Estados Unidos por presuntamente colaborar con el narcotráfico a cambio de beneficios políticos y sobornos.

El caso de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa ha escalado a nivel internacional, ya que también incluye solicitudes de extradición y ha tensado la relación entre México y Estados Unidos.

Lo cual ha marcado un precedente en la persecución no solo penal, sino financiera de funcionarios ligados al crimen organizado.

hojaderuta.mx

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos el contra del gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa incluye a Gerardo Mérida Sánchez, excomandante de la XXV Zona Militar en el estado de Puebla.

El general de Brigada Diplomado del Estado Mayor arribó a Puebla el 16 de junio de 2021 cuando rindió protesta como comandante de la XXV Zona Militar, cargo en el que estuvo hasta el 4 de septiembre de 2023 cuando fue designado como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Su paso por el estado bastión del Cártel de Sinaloa no fue nada sencillo debido a la guerra que desató la captura de Ismael Zambada, alias “El Mayo”, por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y que se atribuyó a la fracción de Los Chapitos y presuntamente al gobernador Rubén Rocha Moya.

Tras 105 días de guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, el 20 de diciembre de 2024 Gerardo Mérida presentó su renuncia al cargo.

Este miércoles, el Departamento de Justicia de EU anunció que Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa fueron acusados por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas.

En la acusación, Gerardo Mérida es señalado por los delitos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, por lo que podrían enfrentar penas que van de los 40 años de prisión a la cadena perpetua.

Originario de Poza Rica, Veracruz, el militar cuenta con una vasta experiencia en cuanto a servicios de inteligencia y también se ha desempeñado comandante en las zonas 21 y 44 de Tamaulipas y Miahuatlán, Oaxaca, además de encabezar el mando especial “Mante” creado exprofeso en el primer lugar para enfrentar a la delincuencia organizada.

sdpnoticias

Rosa Icela Rodríguez evita prensa tras acusaciones contra Rocha Moya; Estados Unidos pide extradición, México cuestiona pruebas.

Rosa Icela Rodríguez evitó responder a la prensa en su llegada a Palacio Nacional tras las acusaciones formales por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en Estados Unidos.

Estados Unidos solicitó la extradición de Rubén Rocha Moya junto con otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque la SRE señaló que no existen pruebas suficientes en los documentos enviados.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa rechazó categóricamente los señalamientos y denunció una violación a la soberanía mexicana por parte del gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos pide la extradición de Rocha Moya tras acusaciones

El miércoles 29 de abril de 2026 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo pública la respuesta a la solicitud de Estados Unidos, en la que piden la detención de Rubén Rocha Moya y 9 de sus funcionarios con fines de extradición.

Sin embargo, la SRE puntualizó que no hay elementos de prueba que sustenten la relación de Rubén Rocha y sus funcionarios con Los Chapitos, grupo del Cártel de Sinaloa.

Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la solicitud de Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Rocha Moya y los nueve funcionarios de Sinaloa están siendo acusados de cargos como:

Conspiración para la importación de narcóticos como el fentanilo.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer estas armas

Dichos delitos tienen una pena mínima de 40 años de prisión, siendo que de proceder a juicio la fiscalía podría solicitar cadena perpetua.

Por su parte, Rubén Rocha Moya se pronunció vía X en torno a las acusaciones.

El gobernador rechazó categóricamente los señalamientos, a la par de denunciar una violación a la soberanía mexicana por parte de los Estados Unidos.

El exgobernador sinaloense consideró en 'Aristegui en Vivo' como una 'irresponsabilidad' que el presidente López Obrador y los gobernadores morenistas salieran en defensa de Rocha ante los señalamientos de la carta cuya autoría se atribuye a Ismael 'El Mayo' Zambada.