Gabriela García Guzmán
Custodios y fuentes internas acusan al director del penal de presuntos privilegios y acuerdos con un abogado señalado por sus vínculos con internos.
El nombre de Jorge Ortiz Delgadillo, actual director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, aparece en el centro de una serie de señalamientos realizados por custodios y fuentes internas, quienes denuncian presuntos acuerdos, privilegios y negocios que operarían al interior del penal.
De acuerdo con los testimonios, uno de los personajes que tendría una relación cercana con la dirección encabezada por Jorge Ortiz Delgadillo es Samuel Morales, quien se presenta como abogado de diversos internos y a quien custodios identifican como uno de los presuntos operadores de negocios dentro del centro penitenciario.
Las fuentes aseguran que Morales incluso presumiría ser socio del director Jorge Ortiz Delgadillo, versión que, por la gravedad de sus implicaciones, debería ser esclarecida por las autoridades penitenciarias y de seguridad.
El señalamiento cobra especial relevancia porque según los testimonios, algunos internos tendrían acceso a condiciones y privilegios que no corresponden al régimen penitenciario, situación que presuntamente sería posible mediante acuerdos entre Morales y la administración encabezada por Jorge Ortiz Delgadillo.
El caso de “El Pavón”
Entre los nombres que aparecen en los testimonios se encuentra Marco Antonio, alias “El Pavón”, interno cuyo nombre cobró notoriedad después de que fueran difundidos videos en los que se observaba a reclusos acompañados de mujeres y consumiendo bebidas alcohólicas dentro del Cereso, generando cuestionamientos sobre los controles de seguridad existentes en el penal.
Custodios consultados aseguran que Samuel Morales se habría presentado como abogado de “El Pavón” y habría presumido haber participado en su liberación en abril de 2026, después de permanecer privado de la libertad desde 2022.
Las mismas fuentes sostienen que “El Pavón” habría mantenido durante años capacidad de control sobre otros internos y que habría sido señalado por presuntas prácticas de extorsión y cobro de piso.
Incluso, familiares de personas privadas de la libertad realizaron manifestaciones durante 2025 para denunciar presuntos cobros y agresiones dentro del penal.
¿Negocios y tecnología desde el interior del penal?
Uno de los señalamientos más delicados apunta a que “El Pavón” habría continuado realizando presuntas actividades de extorsión desde el interior del Cereso, utilizando llamadas telefónicas y herramientas tecnológicas.
Las fuentes señalan directamente a Samuel Morales como la persona que presuntamente habría facilitado recursos, dispositivos y espacios para que dichas actividades pudieran realizarse.
De comprobarse estas acusaciones, el asunto no sería únicamente un problema de disciplina penitenciaria. Implicaría determinar si existieron funcionarios o personas con acceso privilegiado al Cereso que facilitaron la comisión de delitos desde el interior del penal.
Presuntos vínculos con “Los Toscano”
Los testimonios también relacionan a Samuel Morales con el grupo criminal identificado como “Los Toscano”, al que algunas fuentes ubican en la disputa por el control territorial de la zona del Mercado Morelos.
Ante este escenario, las autoridades tendrían que responder preguntas concretas: ¿qué relación existe entre Jorge Ortiz Delgadillo y Samuel Morales?, ¿por qué algunos internos presuntamente reciben privilegios?, ¿quién autoriza el ingreso y utilización de dispositivos tecnológicos?, ¿existen registros de llamadas realizadas desde áreas restringidas? y ¿qué controles se aplican para impedir que internos continúen operando actividades ilícitas desde el penal?.
El nombre de Jorge Ortiz Delgadillo no puede quedar al margen de estas acusaciones, debido a que como director del Cereso de San Miguel tiene bajo su responsabilidad la conducción y seguridad del centro penitenciario.
Si los señalamientos son falsos, corresponde a las autoridades aclararlos y aportar elementos que los desmientan. Pero si existe sustento en las denuncias, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado tendrían que investigar hasta las últimas consecuencias y deslindar responsabilidades, sin importar el nivel jerárquico de los involucrados.
Lo que está en juego no es solamente la administración de un penal. Es determinar quién manda realmente dentro de San Miguel y si existen intereses particulares capaces de imponerse sobre la autoridad penitenciaria.
La Secretaría de Seguridad Pública, la autoridad penitenciaria y las instancias de procuración de justicia tienen la obligación de esclarecer estos señalamientos.
