José Carlos Sánchez
Puebla, Pue. — El coordinador del gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, afirmó que las diligencias de embargo realizadas la semana pasada en las instalaciones de TV Azteca Puebla fueron exclusivamente de un procedimiento legal relacionado con multas impuestas por la autoridad Federal en diferentes rubros de la legislación laboral. Por lo tanto, rechazó las afirmaciones de Grupo Salinas que acusan persecución política.
El funcionario también explicó que el origen de estos procedimientos se encuentran en dos sanciones administrativas impuestas desde el 23 de enero pasado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
De acuerdo con el funcionario, la empresa presuntamente obstaculizó una inspección laboral y omitió presentar la documentación obligatoria relacionada con las condiciones de trabajo de sus empleados. Este hecho (el más grave) está relacionado a la falta de reglamentos internos, adeudos de pago, finiquitos, constancia de vacaciones aguinaldo, registros de díaz de descanso y otras obligaciones patronales que no se cumplieron por parte de la televisora.
García Parra también añadió que las sanciones Fueron impugnadas por la empresa, misma que tiene derecho a hacerlo — según dijo— mediante un juicio de nulidad. No obstante, aseguró que el tribunal Federal de Justicia Administrativa condicionó la suspensión del procedimiento mediante una fianza.
Conforme a lo anterior, y y ante la falta de la acreditación de dicha garantía, la federación le pidió al gobierno de Puebla e interviniera por medio de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
El coordinador detalló que el 28 de mayo personal de la dirección de recaudación se presentó en las instalaciones para notificar el requerimiento, pero, al no encontrarse presente el representante legal dejó los respectivos citatorios para el día siguiente.
De ese modo el día 29 de mayo se realizó la respectiva diligencia con el abogado ya presente.
"El apoderado legal firma con su puño y letra todos los documentos. Ese mismo día ofrece una póliza de fianza para garantizar el interés fiscal por lo que concluyó la diligencia y ya no se realizó ningún embargo", dijo.
Más allá del tema jurídico, el coordinador de gabinete sostuvo que las críticas hechas por grupos Salinas en contra del gobierno de la 4T, tanto nivel nacional como local, derivan de la negativa de la administración del gobernador Armenta y de la presidenta Sheinbaum de otorgar contratos públicos y de publicidad a las empresas manejadas por Ricardo Salinas.
Afirmó que con anterioridad representantes de TV Azteca llegaron a su oficina con la intención de buscar proyectos gubernamentales, mismos que habrían representado un gasto de más de 1200 millones de pesos en contratos. Pero la administración actual no aceptó. Y para probarlo mostró los documentos originales que le fueron entregados inicialmente por medio de los delegados de la televisora en Puebla.
"Preferimos que sigan diciendo mentiras a entregarles los recursos de los poblanos", declaró García Parra.
Debido a ello el funcionario acusó una campaña de desprestigio en redes sociales y en televisión por parte del conglomerado empresarial.
Me han dicho contexto, García Parra retomó el discurso impulsado por la presidenta de México y sostuvo que el caso de TV Azteca Puebla no tiene relación con intentos de censura sino con el Debido cumplimiento de sus obligaciones laborales y administrativas.
"Nosotros actuamos conforme a la ley y vamos a seguir defendiendo los intereses del pueblo de Puebla", concluyó.
