Gabriela García Guzmán

El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, lanzó una crítica directa y sin matices contra el Partido Acción Nacional (PAN), al señalarlo como un actor político sin autoridad moral para cuestionar el proyecto del Cablebús, debido a su historial de omisiones y decisiones que derivaron en un severo daño ambiental durante gobiernos anteriores.

Al referirse a los señalamientos panistas sobre un presunto ecocidio, el funcionario estatal calificó estas posturas como un ejercicio de hipocresía política, al recordar que en 2014, bajo una administración emanada del PAN, se llevó a cabo la tala masiva de árboles para la construcción del sistema de transporte RUTA, sin que existiera oposición interna ni defensa ambiental por parte de ese partido.

García Parra sostuvo que durante ese periodo se eliminaron cerca de mil árboles en la capital poblana, como parte de la edificación de las cuatro líneas del RUTA y proyectos complementarios, una afectación que —dijo— fue normalizada y avalada por el panismo, hoy convertido en crítico selectivo.

“El PAN guarda silencio cuando gobierna y grita ecocidio cuando está en la oposición”, sentenció el coordinador de Gabinete, al acusar al blanquiazul de utilizar el discurso ambiental como herramienta política y no como una convicción real.

Asimismo, señaló que detrás de los amparos promovidos contra el Cablebús existen operadores y asesores jurídicos ligados al PAN, quienes estarían impulsando una estrategia para frenar una obra que, afirmó, responde a una necesidad urgente de movilidad y sustentabilidad para la ciudad de Puebla.

El funcionario también rechazó la narrativa de un supuesto daño ambiental asociado al proyecto y acusó la existencia de campañas de desinformación diseñadas para confundir a la opinión pública. Precisó que, tras estudios técnicos especializados, se identificaron 752 ejemplares arbóreos en la zona de intervención, ninguno de los cuales ha sido talado.

Detalló que el diseño del Cablebús ha sido ajustado para reducir al mínimo cualquier impacto, limitando la intervención a 350 árboles, los cuales serán sometidos a poda controlada o reubicación, conforme a criterios técnicos y ambientales. Los resultados finales de estos estudios, indicó, serán presentados públicamente en breve.

García Parra subrayó que el proyecto contempla una inversión de 300 millones de pesos destinada también a acciones de restauración y compensación ambiental, y reiteró que la meta del gobierno estatal es transformar la movilidad urbana sin repetir los errores del pasado.

Aunque reconoció el derecho a la protesta, advirtió que el debate no puede construirse desde la incongruencia ni desde intereses partidistas disfrazados de causas sociales, sino con base en información verificable y responsabilidad histórica.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta se sumó a las críticas al señalar que la defensa del medio ambiente debe expresarse en acciones concretas y no en discursos oportunistas.

Afirmó que a lo largo de su trayectoria política ha impulsado iniciativas orientadas al cuidado del entorno natural y la protección de la vida.
“El compromiso ambiental no se proclama, se ejerce”, expresó el mandatario, al reiterar su disposición a colaborar con colectivos y especialistas, incluso en proyectos como viveros forestales y programas de reforestación.

Finalmente, Armenta aseguró que el Gobierno del Estado mantiene abiertas las puertas al diálogo y al trabajo conjunto, siempre que la discusión se dé con seriedad, sustento técnico y sin dobles discursos.