Aurelia Navarro Niño
El presidente del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, abrió la puerta para que ciudadanos de San Andrés Cholula presenten denuncias formales en contra de la alcaldesa Lupita Cuautle, ante los presuntos sobrecostos millonarios en proyectos de obra pública impulsados por su administración.
El llamado del legislador se da luego de que el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, revelara que la presidenta municipal, emanada del Partido Acción Nacional (PAN), habría solicitado mil millones de pesos para la pavimentación de apenas ocho calles, lo que encendió las alertas sobre posibles manejos irregulares de recursos públicos.
Entre las obras que más inconformidad han generado entre los habitantes se encuentra la pavimentación de dos kilómetros de la vialidad La Radial a Cuayantla, cuyo costo, de acuerdo con versiones ciudadanas, ascendería a 80 millones de pesos, cifra considerada excesiva si se compara con los tabuladores oficiales de obra pública, esta abre la posibilidad de los costos de materiales y proyecto estén siendo inflados.
Ante este escenario, Pavel Gaspar sostuvo que ningún presidente municipal está por encima de la ley, sin importar su filiación política, y recordó que los ciudadanos cuentan con los mecanismos institucionales necesarios para denunciar cualquier irregularidad. Precisó que las quejas pueden presentarse tanto ante el Congreso local como ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), instancias facultadas para investigar y dar seguimiento a este tipo de casos.
“El llamado es claro: si hay indicios de inflar costos o de un uso poco transparente de los recursos, los ciudadanos tienen todo el derecho de denunciar. No se trata de colores partidistas, se trata de cuidar el dinero del pueblo”, subrayó el también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso.
Gaspar Ramírez agregó que todos los ayuntamientos del estado, sin excepción, tienen acceso al Catálogo o Tabulador de la Secretaría de Infraestructura, herramienta que permite establecer costos de referencia reales para la ejecución de obras, evitando así caer en excesos injustificados. En ese sentido, afirmó que cuando una administración municipal se aparta de estos parámetros, queda en evidencia una posible mala práctica administrativa.
El legislador reiteró su exhorto a la ciudadanía para mantenerse vigilante y participar activamente en la fiscalización social. “Si los ciudadanos detectan que sus autoridades municipales están inflando costos o actuando de manera opaca, pueden y deben acudir a la ASE o al Congreso del Estado. Solo con denuncias formales se puede frenar este tipo de abusos”, concluyó.

