Gabriela García Guzmán

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, advirtió que su administración no seguirá pagando la deuda del Centro Integral de Servicios (CIS), al considerar que se trata de un contrato leonino y un “monumento a la corrupción” que ha significado un grave daño a las finanzas del estado. Incluso, sostuvo que no le preocupa una posible destitución por tomar esta decisión.

“Me voy a declarar en moratoria y no voy a pagar más; y si me destituyen, que me destituyan”, sentenció el mandatario estatal, al subrayar que es inmoral continuar cubriendo una deuda que calificó como injustificada y desproporcionada.

Detalló que, de 2012 a 2025, el gobierno de Puebla ha pagado ya 2 mil 617 millones de pesos por el edificio del CIS, y advirtió que, de mantenerse el esquema actual, todavía faltarían por liquidarse alrededor de 4 mil 300 millones de pesos hasta el año 2037. De concretarse esos pagos, el costo total del inmueble superaría los 7 mil millones de pesos.

El gobernador cuestionó abiertamente si el CIS realmente vale esa cantidad, al señalar que especialistas en construcción estiman que su valor real oscila entre mil y mil 500 millones de pesos. “¿Por qué tenemos que pagar más de 7 mil millones de pesos por una obra que no vale ni la tercera parte?”, planteó.

En ese contexto, el mandatario poblano señaló que este proyecto fue resultado de decisiones tomadas con intereses ajenos al bienestar público y pidió a los poblanos reflexionar sobre qué gobiernos y qué partidos políticos estuvieron detrás de este esquema financiero que, dijo, permitió el saqueo del estado.

Asimismo, instruyó a las áreas de Gobernación, Finanzas y al coordinador de Gabinete a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, para que se investigue a quienes firmaron estos contratos. “No basta con señalar, hay que actuar. Quienes saquearon al estado cometieron delitos y deben ser investigados”, afirmó.

Enfatizó que su gobierno no persigue políticamente a nadie, pero tampoco será omiso ante actos de corrupción. Aseguró que su administración tiene la obligación de informar todos los días a la ciudadanía sobre los ahorros logrados y las acciones emprendidas para desmantelar prácticas corruptas heredadas.

Como ejemplo, destacó que recientemente se logró un ahorro de 150 millones de pesos en la compra de uniformes y calzado escolar, al adquirir productos de mejor calidad y evitar sobrecostos, además de priorizar proveedores locales.

Finalmente, Armenta reiteró que su gobierno seguirá poniendo orden y combatiendo el abuso de poder, aunque ello implique enfrentar intereses y asumir costos políticos, porque —dijo— el compromiso es con el dinero y el bienestar de las y los poblanos.