Gabriela García Guzmán
El gobernador Alejandro Armenta Mier manifestó su total respaldo a la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) separara de sus cargos a cinco funcionarios acusados de presuntos actos de extorsión.
Durante su encuentro con medios de comunicación, el mandatario destacó que la actual titular de la FGE ha iniciado una revisión integral y un proceso de depuración institucional, orientado a recuperar la confianza ciudadana y garantizar que las acciones de procuración de justicia se realicen con transparencia.
Precisó que tres de los servidores públicos cesados se incorporaron a la institución tras la llegada de Pastor Betancourt, en diciembre de 2024, y que las medidas adoptadas por la fiscal forman parte de una estrategia interna para erradicar prácticas de corrupción.
El titular del Ejecutivo estatal hizo un llamado a que cualquier señalamiento o denuncia relacionada con posibles abusos sea presentado de manera formal ante las autoridades competentes, a fin de que los casos avancen por la vía legal correspondiente.
En su intervención, el gobernador reconoció los esfuerzos conjuntos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Marina en la atención de los temas prioritarios de seguridad, y admitió que la Fiscalía enfrenta aún retos estructurales y rezagos heredados de administraciones anteriores.
“Durante muchos años, Puebla fue un terreno fértil para el saqueo y la corrupción. Hoy estamos enfrentando esas estructuras enquistadas que se formaron en el pasado”, afirmó.
Entre los funcionarios que fueron separados de la institución se encuentran Luis Antonio León Delgadillo, quien encabezaba la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI); Miguel Islas Álvarez, responsable de la Fiscalía de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Jorge Malvaez, coordinador en esa misma área. Las destituciones se realizaron el 3 de noviembre.
El mandatario reiteró que su administración mantiene una postura firme contra la corrupción, pero al mismo tiempo rechazó que existan persecuciones políticas.
“No habrá impunidad, pero tampoco cacería de brujas. Cada caso deberá ser sustentado con pruebas y denunciado conforme a la ley”, puntualizó.
Finalmente, Alejandro Armenta invitó a la ciudadanía y al sector empresarial a presentar denuncias formales en caso de haber sido víctimas de extorsión o abuso de autoridad.
“Solo con evidencias y participación ciudadana podremos avanzar en la transformación institucional que Puebla necesita”, concluyó.
