Gabriela García Guzmán
El Gobierno del Estado presentará una iniciativa de reforma al Código Penal con el objetivo de sancionar con mayor contundencia a quienes integran el llamado “Cártel del Despojo”, un grupo delictivo que, con complicidad de funcionarios judiciales, ha despojado de sus propiedades a personas en situación vulnerable.
La iniciativa busca castigar delitos como la alteración de escrituras, suplantación de identidad y simulación de cargos públicos, acciones empleadas por este grupo para despojar ilegalmente a los legítimos propietarios de sus inmuebles.
El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que el Poder Ejecutivo ya trabaja en la propuesta de reforma, en conjunto con la Consejería Jurídica, para frenar este tipo de prácticas.
“Hemos detectado en el distrito judicial de Cholula a jueces y magistrados involucrados. Están en contacto directo con estos grupos de despojo. Ya los tenemos identificados y estamos armando todo para poder proceder legalmente”, declaró García Parra.
Cártel del Despojo infiltrado en Puebla
El pasado 29 de julio, el gobernador Alejandro Armenta reveló que el Cártel del Despojo originario de Oaxaca ya ha comenzado a operar en Puebla, utilizando métodos fraudulentos y valiéndose de funcionarios del Poder Judicial para legalizar sus acciones.
La preocupación por este tipo de delitos ha ido en aumento, especialmente luego del caso ocurrido la semana pasada en San Andrés Cholula, donde siete familias fueron desalojadas tras una orden emitida por un juez de Oaxaca.
Uno de los afectados denunció que su propiedad fue adjudicada para cubrir una deuda con la que no tenía relación alguna.
Iniciativas legislativas ya en curso
Desde el 10 de julio, el diputado Andrés Villegas presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para castigar con hasta 12 años de prisión a quienes organicen invasiones o despojos de predios. En caso de que servidores públicos participen o faciliten estas acciones, la pena se incrementaría hasta 50 por ciento.
La administración estatal también contempla sanciones para notarios públicos que colaboren en estos delitos, así como para quienes simulen ser representantes legales o funcionarios públicos con el fin de cometer fraudes patrimoniales.
Acompañamiento legal a las víctimas
El Gobierno de Puebla, a través de sus instancias legales, ha ofrecido acompañamiento jurídico a las familias afectadas, mientras se avanza en la reestructuración legal para frenar de forma efectiva este tipo de crímenes de “cuello blanco”.
“No vamos a permitir que el patrimonio de las familias poblanas siga siendo vulnerado por redes criminales que operan con apoyo institucional”, enfatizó García Parra.
