Desde hace cuatro años la Fiscalía General de Puebla ha protegido a la empresa inmobiliaria grupo ALDE de Puebla, que encabeza el Notario Público de Irapuato, Guanajuato, Eugenio Albo Urías, pese a un centenar de denuncias que por fraude se han presentado en esa Institución por parte de los agraviados por la venta irregular que les hizo esa empresa de casas en el fraccionamiento El Deseo, ubicado en el complejo habitacional de Lomas de Angelópolis, ya que hasta el momento no ha procedido judicialmente en contra del empresario y sus socios.

​El anterior señalamiento en contra de la Fiscalía lo hacen los agraviados del fraude cometido por los empresarios del Grupo Alde, no solamente en Puebla sino en varios estados del País.

Entre los denunciantes se encuentran: María Eugenia Trujillo Pérez, AP 2120/2013; Raúl Miguel Rodríguez Bouquet, AP 2855/2013; y, Erik Badillo Muñoz, AP 611/2013, quienes fueron defraudados al comprar las casas que les ofrecieron en el desarrollo habitacional El Deseo de Lomas de Angelopolis, en el año 2013, desde entonces han padecido el calvario de tratar de recuperar su patrimonio invertido en tales compras y conseguir que se castigue la conducta delictiva de los dueños de la empresa Grupo ALDE.

​A pesar que presentaron oportunamente las denuncias penales ante la Fiscalía General de Puebla y que estas han sido debidamente integradas demostrando fehacientemente el fraude del que fueron objeto por parte de los empresarios del Grupo ALDE, esta institución hasta la fecha no ha realizado las consignaciones de tales averiguaciones ante un juez para que se ejercite la acción penal en contra de los presuntos responsables encabezados por los Notarios Eugenio Albo Moreno y Eugenio Albo Urías, padre e hijo, respectivamente.

​Ante esta situación y por el tiempo que tienen las denuncias, es que presumen de que los defraudadores los notarios Albo Moreno y Albo Urías son protegidos directamente por el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bouget, a quien en dos ocasiones mediante escritos le han solicitado se consignen sus averiguaciones a un juez para el ejercicio de la acción penal en contra de estos delincuentes de cuello blanco y sólo se ha limitado a remitir tales solicitudes al agente investigador del Ministerio Público que conoce del caso para que dichas peticiones surtan sus efectos legales, instrucción que no cumplen.

​A inicios del año 2013 cuando Grupo ALDE cometió el delito de fraude, al vender casas en El Deseo cuando no era propietario ni de los terrenos y mucho menos había iniciado la construcción de las viviendas, las víctimas acudieron a presentar sus denuncias en la Agencia del Ministerio Público del distrito de San Andrés Cholula, de inmediato por órdenes del Fiscal General del Estado se concentraron en la Dirección de Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana Sur, ubicada en las oficinas centrales de la Fiscalía, según que para agilizar las indagatorias y dar un trato especializado como delito financiero a los agraviados, cosa que no ha sucedido, lo demuestra el paso del tiempo.

Al contrario dicha concentración de todas las averiguaciones previas en la Segunda Mesa de Trámite de dicha Dirección ha evidenciado la protección a los defraudadores por parte de la Fiscalía General, ya que desde ahí se tiene todo el control para que las denuncias no prosperen y se castigue judicialmente a los responsables de este fraude inmobiliario.

​Según los diversos agentes del Ministerio Público que han tenido conocimiento de estas denuncias (cinco ya) tienen instrucciones de “arriba” de no consignarlas y de manejar el asunto para que pase tiempo y los agraviados se desanimen y abandonen la idea de que se castigue a los defraudadores, aunado de que manifiestan que los Albo son personas muy poderosas en el ámbito político y económico además de ser amigos personales del Fiscal General.

​Eugenio Albo Urías es el apoderado del Grupo Alde de Puebla S. A de C.V, según se desprende de un instrumento notarial otorgado ante la fe del Notario Público Número 10 de la Ciudad de Puebla, Lic. José Bustos Jiménez.

​En la página denominada Notarios de México, aparece que Eugenio Albo Urías, es titular de la Notaría Pública Número 67, de la ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, ubicada en el Boulevard Villas de Irapuato número 1596 Local 11 interior K, Colonia Ejido Villas de Irapuato.

Asimismo su padre, Eugenio Albo Moreno, es titular de la Notaría Pública número 42, también de la ciudad de Irapuato.

​Como se desprende de la anterior información ambos denunciados, padre e hijo, son peritos del derecho, por lo que con sus conocimientos jurídicos han podido crear toda una organización delictiva bajo la fachada de inmobiliarias como Grupo Alde de Puebla S.A de C. V, CMH Desarrollos S.A de C.V, entre otras empresas estrechamente ligadas entre si no solo por su actividad sino porque los socios son los mismos.

​Tanto es el poder económico y político de los defraudadores Albo, que en el año 2013 en la ciudad de Irapuato, sus guaruras se enfrentaron a balazos con policías judiciales del estado de Michoacán, quienes trataron mediante una orden de aprehensión girada por el juez tercero de lo penal de Morelia, detener a Eugenio Albo Moreno, como presunto responsable de un fraude inmobiliario por 30 millones de pesos.

​Esta es una muestra del poder que ostentan los Albo y que utilizan sus influencias para que los protejan ante las denuncias penales que hay en su contra.

Cuando visitan Puebla se hacen custodiar por elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Puebla.

​Ante la evidente conducta delictiva de los Notarios Albo en diversos estados del País (Puebla, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y México), tanto la Procuraduría General de la República como la Secretaría de Hacienda por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza investigaciones por operaciones simuladas y lavado de dinero contra esos supuestos empresarios inmobiliarios, quienes en realidad son verdaderos delincuentes de cuello blanco.