Durante casi dos décadas, el combate al narcotráfico en México dejó un saldo devastador que supera las 350,000 muertes violentas y más de 110,000 desapariciones. Frente a este panorama, funcionarios del Estado, académicos e investigaciones periodísticas como la del escritor Fernando Coca Meneses sostienen que la estrategia nacional enfrenta un obstáculo estructural insalvable desde el exterior: la imposibilidad de frenar el flujo de armamento de alto poder que cruza de manera ilegal la frontera norte. Esta realidad sustenta la postura oficial de que el país no genera la violencia que lo consume, sino que la "importa" directamente a través de un mercado negro alimentado por la falta de controles en la industria y el comercio de armas en los Estados Unidos.
El pilar de este argumento se encuentra en el rastreo balístico y las cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Los datos oficiales demuestran que entre el 70% y el 80% de las armas recuperadas en escenas del crimen en territorio mexicano y analizadas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) tienen su origen en armerías estadounidenses, principalmente de Texas, Arizona y California. La situación es aún más grave cuando se examinan los fusiles de asalto como los AR-15 y AK-47, donde el porcentaje supera el 80%, debido a que la Segunda Enmienda constitucional de ese país ampara un mercado interno con vacíos legales profundos, ventas privadas sin verificación de antecedentes y ferias comerciales sin regulación suficiente.
En su libro Balas con remitente, Coca Meneses desglosa esta problemática mediante un modelo transnacional de cuatro ejes interconectados que explica cómo se retroalimenta la crisis de seguridad. El sistema opera a partir de la venta legal de rifles semiautomáticos en Estados Unidos, el funcionamiento de redes de contrabando hacia el sur, la enorme demanda de estupefacientes en el mercado estadounidense que financia estas compras y, finalmente, el lavado de dinero que consolida la expansión del crimen organizado. Bajo este esquema, se destaca que ningún cártel local tendría la capacidad de fuego actual —que incluye el uso de rifles Barrett calibre .50 capaces de perforar blindajes militares— sin este continuo abastecimiento del mercado secundario norteamericano.
La investigación también profundiza en un vínculo histórico de responsabilidad compartida asimétrica, conectando las intervenciones militares de Washington en el extranjero con crisis de salud pública y seguridad en América Latina. Conflictos históricos como las guerras de Vietnam y Afganistán provocaron picos de adicción a la heroína y la cocaína entre los veteranos, consolidando un mercado de consumo masivo que los cárteles mexicanos comenzaron a abastecer. Este fenómeno genera un ciclo adverso donde la política exterior militarista y la producción masiva de armamento civil en la Unión Americana terminan propiciando la militarización de la delincuencia en México, cobrando miles de vidas en el territorio nacional.
Ante lo que las autoridades califican como un doble discurso por parte de Washington, que presiona para endurecer el combate al narcotráfico mientras mantiene una industria armamentista que factura más de 70,000 millones de dólares anuales, el Gobierno de México emprendió acciones legales sin precedentes. A través de la SRE, se presentaron demandas civiles en 2021 y 2022 en tribunales federales estadounidenses contra grandes fabricantes como Smith & Wesson, Colt, Glock y Barrett por prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilegal. Estas demandas buscan responsabilizar directamente a las corporaciones por los daños causados por sus productos, utilizando una estrategia jurídica similar a la que modificó las regulaciones de la industria tabacalera en el pasado.
@_Melchisedech
