La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio un paso histórico hacia la consolidación de la Cuarta Transformación al presentar los ejes de una reforma electoral diseñada para desmantelar los privilegios de las viejas élites y fortalecer el poder ciudadano. Con la austeridad republicana como estandarte, la iniciativa busca acabar con el despilfarro de recursos públicos en el sistema de elecciones más caro del mundo, redirigiendo esos fondos hacia las necesidades prioritarias del pueblo. Esta medida no solo responde a un reclamo social de décadas, sino que garantiza que la democracia deje de ser un negocio de cúpulas para convertirse en un derecho accesible y eficiente para todas y todos los mexicanos.
Uno de los pilares más audaces de esta propuesta es la transformación del sistema de representación proporcional, con el firme objetivo de que las y los legisladores "plurinominales" sean elegidos directamente por la gente y no impuestos por las dirigencias partidistas. Al abrir las listas y permitir que la ciudadanía decida quiénes ocuparán esos escaños, la presidenta Sheinbaum busca romper los "candados" que durante años protegieron a figuras políticas alejadas del territorio y del voto popular. Se trata de una higiene democrática necesaria que obliga a todos los representantes a rendir cuentas frente a las urnas, eliminando los espacios de privilegio que solo servían para el reciclaje de cuadros políticos tradicionales.
La reforma también salda una deuda histórica con nuestra diáspora, proponiendo mecanismos para que los millones de mexicanos que residen en el extranjero tengan una representación directa y genuina. Ya no se trata solo de facilitar el voto desde el exterior, sino de asegurar que nuestros paisanos —quienes sostienen con su esfuerzo a muchas familias en México— tengan voces propias en el Congreso que no dependan del filtro de los partidos políticos. Esta propuesta de "diputaciones migrantes" reconoce la soberanía de nuestra nación más allá de las fronteras geográficas, integrando plenamente a la comunidad migrante en la toma de decisiones que afectan el rumbo del país.
En el ámbito institucional, la reingeniería del aparato electoral plantea una estructura más compacta y funcional que elimina la duplicidad de funciones entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos locales. Al centralizar procesos y reducir la burocracia dorada, se busca un ahorro sustancial sin comprometer la certeza de los comicios. La visión de la administración actual es clara: instituciones fuertes no son aquellas que gastan más, sino aquellas que sirven mejor al pueblo con honestidad y eficiencia. La autonomía no debe ser pretexto para la opulencia, y esta reforma pone fin a los presupuestos excesivos que solo alimentaban una tecnocracia alejada de la realidad nacional.
Asimismo, la iniciativa profundiza en la democracia participativa, elevando a rango constitucional instrumentos como las consultas populares y la revocación de mandato para que sean procesos ágiles, vinculantes y cotidianos. Bajo este nuevo modelo, el pueblo mexicano ya no solo será convocado cada tres o seis años para entregar un cheque en blanco, sino que tendrá el poder real de calificar y decidir sobre las políticas públicas más relevantes. La presidenta Sheinbaum apuesta por una democracia viva donde la soberanía popular se ejerza de manera constante, consolidando un gobierno que mande obedeciendo y que se someta siempre al juicio de la mayoría.
@_Melchisedech
