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La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) vuelve a estar en el centro de la polémica tras confirmarse un nuevo caso de abuso sexual, acoso y hostigamiento en agravio de una alumna menor de edad, presuntamente cometido por un exprofesor del área de Educación Física y Deportes, quien ya fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Miguel N., entrenador de la UPAEP, fue vinculado a proceso y se encuentra con prisión preventiva oficiosa, por su probable responsabilidad en el delito de violación, en agravio de una estudiante de preparatoria de 17 años de edad.
El hoy imputado era entrenador y tutor académico de la víctima a quien agredió sexualmente en varias ocasiones. La orden de aprehensión contra el docente se habría ejecutado a inicios de este mes, girada por un juez, tras confirmarse los hechos denunciados por la estudiante.
Durante la audiencia correspondiente, la jueza de control calificó como legal la detención y determinó la vinculación a proceso del acusado, imponiéndole prisión preventiva justificada como medida cautelar.
La investigación en su contra permanece abierta y la Fiscalía continuará con el seguimiento jurídico correspondiente a lo largo del proceso penal.
El señalado, Miguel Toxqui Toxqui, fue nombrado jefe del área de Educación Física y Deportes por el director General de Formación, Cultura y Liderazgo, Luis Fernando Roldán de la Tejera, el 11 de enero de 2023. Anteriormente, Toxqui se desempeñó como coordinador de Salud y Deportes y entrenador del equipo de básquetbol en la Prepa UPAEP.
Tras hacerse públicos los hechos, la universidad informó haber activado su Protocolo de Atención a Víctimas a través del Comité de Integridad, estableciendo contacto directo con la alumna y sus familiares. En un comunicado, la institución afirmó que el acusado fue separado de su cargo para enfrentar el proceso legal, y que la víctima recibió atención psicológica, acompañamiento académico y medidas de protección.
La UPAEP también aseguró que se ha garantizado el derecho a la educación de la joven, quien continúa sus estudios con apoyo de beca, bajo un esquema de máxima protección y cercanía institucional.
Asimismo, la universidad manifestó que continuará colaborando con las autoridades y atendiendo en tiempo y forma los requerimientos legales, en espera de una resolución definitiva del caso.
Sin embargo, estudiantes y personas cercanas al entorno universitario han advertido que podrían existir más casos relacionados con el mismo acusado, lo que podría ampliar la investigación y cuestionar la eficacia de los mecanismos internos de prevención y denuncia.
En redes sociales, algunos usuarios han expresado que la institución ha mostrado desinterés en casos de hostigamiento y acoso, e incluso señalaron que, tras la denuncia, autoridades escolares habrían sugerido que la estudiante se retirara temporalmente por «falta de condiciones de seguridad».
Fuentes cercanas a la víctima confiaron a La Jornada de Oriente que, tras conocerse el caso, otra presunta afectada decidió compartir su experiencia, asegurando haber sido víctima de abuso sexual por parte del mismo sujeto hace cinco años. Aunque notificó a la universidad en su momento, no presentó denuncia formal ante autoridades.
Según estas fuentes, la universidad ofreció atención inicial, pero posteriormente se supo que ya existían al menos ocho quejas previas contra Miguel Toxqui. Fue entonces cuando los directivos habrían optado por trasladarlo de la Prepa UPAEP al área universitaria, supuestamente para evitar su contacto con menores de edad.
En 2023, el propio rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín, reconoció que en menos de cinco años la institución recibió más de 60 denuncias por violencia sexual. De ellas, solo siete casos derivaron en sanciones o sentencias conforme a los protocolos internos.
La universidad también ha sido señalada por otros escándalos, como casos de acoso sexual no atendidos, robos dentro de sus instalaciones, asaltos en los alrededores, la exhibición de un deudor alimentario entre su personal, y también por la difusión no consentida de imágenes íntimas de estudiantes, en un caso de violencia.
