Excelsior
La decisión del juez federal Enrique Hernández Miranda de permitir que Julio César Chávez Jr, enfrente en libertad condicional el proceso penal por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, colocó en la mira las investigaciones que pesan sobre este impartidor de justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), impugnó la resolución del juzgador y presentó un recurso de revisión que será turnado a un Tribunal Colegiado para su análisis.
El hijo del pugilista Julio César Chávez enfrenta acusaciones por tráfico de armas hacia territorio nacional, un delito que por mandato constitucional amerita prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo le concedió medidas cautelares menos severas, lo que permitió su salida del Cefereso No. 11, bajo la condición de no abandonar el país sin autorización judicial.
La actuación de Hernández Miranda no es un hecho aislado. Desde agosto de 2023, la propia Presidencia de la República lo exhibió en la conferencia matutina dentro del informe Cero Impunidad, presentado por el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio.
Ahí se documentó que el juez sonorense ha emitido 13 resoluciones favorables a presuntos criminales, entre ellas nueve no vinculaciones a proceso, una calificación de detención ilegal y tres absoluciones.
Un caso emblemático ocurrió el 19 de julio de este año, cuando determinó no vincular a proceso a un individuo acusado de tráfico de migrantes y cohecho, pese a que fue sorprendido transportando a 116 extranjeros, 37 de ellos menores de edad.
Las omisiones del juez también alcanzaron investigaciones contra objetivos prioritarios del gobierno federal. En uno de los expedientes más delicados, Hernández Miranda se abstuvo de dictar medidas cautelares contra Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, señalado como líder de una red internacional de trata de personas con operaciones en Tijuana.
De acuerdo con la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta organización criminal –que operaba en el bar Adelitas– generaba ganancias de hasta 100 millones de pesos mensuales mediante la explotación sexual de mujeres, incluyendo extranjeras en situación vulnerable.
Fuentes federales confirmaron que tanto la FGR como la UIF mantienen abiertas líneas de investigación sobre los presuntos vínculos del juez con integrantes del crimen organizado.
