La exsecretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, Esperanza Castro Corro, ha sido fulminada con una de las sanciones administrativas más severas en la historia del estado: una multa de 362 millones de pesos y la inhabilitación para el servicio público por 20 años. Este fallo, dictado por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de Puebla, cimbra al círculo cercano de la pasada administración estatal, confirmando las acusaciones de desvío de recursos públicos y abuso de funciones que marcaron los últimos años del llamado "barbosismo". La contundencia del veredicto responde a un manejo temerario de las arcas estatales que resultó en la pérdida de cientos de millones de pesos.
El epicentro del escándalo se ubica en la inversión negligente de más de 600 millones de pesos del erario en Accendo Banco en junio de 2021. La transacción se ejecutó a pesar de las alertas públicas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la precaria situación financiera de la institución. Tal como se temía, solo tres meses después, el banco quebró, y con él se esfumaron los recursos de los contribuyentes poblanos. Este hecho no solo representa un daño patrimonial monumental, sino que también pone en evidencia la ausencia de controles elementales y la irresponsabilidad en la toma de decisiones financieras de alto nivel durante el periodo en que Castro Corro estuvo al frente de la Secretaría.
Aunado al desfalco, la exfuncionaria enfrenta el escrutinio público por un enriquecimiento patrimonial que no corresponde con sus ingresos oficiales. Una reciente investigación periodística reveló la adquisición de una casa al contado por 5.79 millones de pesos poco después de dejar el cargo, una cifra inexplicable con su salario mensual declarado de 59,646 pesos. El reportaje profundizó al exponer que entre 1996 y 2023, Castro Corro ha acumulado cinco casas, dos departamentos y cuatro terrenos con un valor conjunto que supera los 15 millones de pesos, alimentando las sospechas de un posible enriquecimiento ilícito que merece una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
La trayectoria posterior de la exsecretaria añade un componente de polémica al caso. A pesar de la existencia de señalamientos y el avance del proceso judicial, logró reincorporarse al servicio público a nivel federal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, más recientemente, se integró a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en octubre de 2024, bajo la administración de Clara Brugada. Su permanencia en un puesto clave en la capital, mientras es sancionada por un desfalco histórico en Puebla, genera una presión política considerable y pone en tela de juicio la congruencia de los gobiernos que abanderan la lucha contra la corrupción.
Este fallo judicial no es un hecho aislado; es la punta de lanza de una campaña de rendición de cuentas iniciada por la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sucesor del fallecido Miguel Barbosa. La sentencia contra Castro Corro se convierte en un símbolo del compromiso por desmantelar y castigar las irregularidades y el presunto mal manejo de recursos que habrían caracterizado a la administración anterior. Representa un mensaje claro de que la impunidad en los casos de corrupción no será tolerada, sin importar el nivel jerárquico del exfuncionario implicado.
@_Melchisedech
