Para el Observatorio Ciudadano Laboral Poblano la Auditoría Superior del Estado (ASE) es utilizado como “garrote político” en la auditoría preventiva que se ejecuta desde el pasado 13 de enero a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), acto al que calificamos de ilegal, arbitrario y autoritario contra la máxima casa de estudios, informó Hilario Gallegos Gómez de esta organización.

La autoridad fiscalizadora no ha respetado el debido proceso, y busca “argumentos” para destituir al rector Alfonso Esparza Ortiz, estrategia que en su momento aplicó el gobierno de Mariano Piña Olaya contra el maestro Samuel Malpica, dijo.

Por su parte, Marco Mazatle acusó que la Auditoría Superior del Estado ha asumido una postura irregular y sin sustento legal para iniciar una auditoría contra la gestión de Esparza Ortiz, a fin de justificar sanciones a su administración. Esto no significa que exoneramos a la BUAP de rendir cuentas, es un “sujeto obligado” a realizarlo por ejercer recursos públicos provenientes del gobierno federal y estatal, pero aclaramos que esta facultad recae exclusivamente en el Consejo Universitario y la federación, agregó.

TE RECOMENDAMOS Analiza el Congreso del Estado sanciones a quien abandone a personas vulnerables

Finalmente, Enrique Ortega expuso que la Constitución reconoce plenamente la autonomía de las universidades públicas en la Fracción VII del Artículo 3, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas tesis jurisprudenciales la define como una garantía institucional del derecho humano a la educación superior, con libertad de cátedra, investigación, examen, discusión de ideas, determinación de planes y programas, y administración del patrimonio.

Mientras en el artículo 7 de la Ley de la BUAP afirma que la universidad tiene la obligación de aplicar sus recursos en la consecución de su objeto, administrándolos con probidad, transparencia, eficiencia y eficacia.