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El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, informó que México y Estados Unidos iniciaron un periodo de 90 días para negociar la medida impuesta al jitomate mexicano, luego de que el Departamento de Comercio estadounidense anunciara una cuota compensatoria por probable “dumping”.

Berdegué explicó que esta acción no se trata de aranceles, sino de una cuota regulada desde 1996 mediante diversos acuerdos de suspensión firmados entre exportadores y productores del sector. Desde entonces, se han firmado cinco acuerdos para regular las exportaciones del producto mexicano hacia Estados Unidos.

Productores de Florida acusan dumping desde hace décadas

El funcionario señaló que productores de Florida han acusado históricamente a México de prácticas de dumping, es decir, vender el producto por debajo del precio real para ganar mercado. Según Berdegué, estas acusaciones nunca han sido comprobadas y forman parte de un conflicto comercial de larga data.

En 2019, se firmó el último acuerdo entre exportadores y productores. Sin embargo, el Departamento de Comercio estadounidense notificó recientemente su retiro de ese pacto, lo que activa la aplicación de la medida tras un plazo de 90 días.

90% del jitomate que importa Estados Unidos es de origen mexicano

Berdegué destacó que el 90% del jitomate que importa Estados Unidos proviene de México, y que seis de cada diez jitomates que se consumen en ese país también son mexicanos. En ese sentido, advirtió que esta decisión podría tener un impacto directo en los consumidores estadounidenses, ya que productos como ensaladas o salsa ketchup podrían volverse más caros.

“Si no nos quieren comprar, simplemente van a pagar 21% más caro”, apuntó. Aseguró que México no puede ser sustituido fácilmente como proveedor de jitomate, y que el gobierno buscará defender a los productores nacionales.

También hay investigaciones activas contra productos de EE. UU.

El secretario también recordó que las investigaciones por dumping son medidas habituales en el comercio internacional.

Actualmente, México mantiene dos investigaciones activas: una por pollo importado desde Estados Unidos, iniciada en 2012, y otra relacionada con la pierna de cerdo. En ambos casos, el país ha evitado aplicar tarifas, aunque los procedimientos siguen abiertos.

En Pareja

Estados Unidos atraviesa una crisis sin precedentes en el mercado laboral a raíz de la deportación masiva de inmigrantes, una medida que está impactando con especial crudeza en sectores clave como la agricultura. La escasez de trabajadores en el campo está generando un efecto dominó que podría traducirse en aumentos de precios, menor producción y, en última instancia, graves consecuencias para la economía del país.

Según expertos en economía y migración, el sistema agrícola estadounidense depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, particularmente en estados como California, Texas y Florida, donde una parte sustancial de los trabajadores del campo son extranjeros, muchos de ellos en situación irregular. Con las nuevas políticas de deportación acelerada y restricciones a la inmigración, la falta de personal está alcanzando niveles críticos.

“Los agricultores están desesperados. Simplemente no hay suficientes trabajadores dispuestos a hacer estos trabajos. Hemos visto cultivos sin recoger y pérdidas millonarias en diversas regiones”, advierte James McAllister, analista de la Universidad de Harvard.

La situación se agrava debido a que muchos ciudadanos estadounidenses no están interesados en trabajos que requieren esfuerzo físico intenso por salarios relativamente bajos, lo que hace casi imposible sustituir la mano de obra perdida.

Además del impacto inmediato en el sector agrícola, los efectos de esta crisis podrían extenderse a otros sectores dependientes de la inmigración, como la construcción y la hostelería. La reducción de trabajadores en estas áreas podría retrasar proyectos de infraestructura, aumentar los costos de construcción y afectar el servicio en la industria hotelera y de restaurantes.

Organizaciones empresariales y asociaciones de agricultores han solicitado al gobierno medidas urgentes para mitigar la crisis, incluyendo la flexibilización de los programas de visas temporales para trabajadores agrícolas. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido limitada, y las tensiones políticas en torno a la inmigración dificultan la implementación de soluciones efectivas a corto plazo.

“La economía estadounidense necesita trabajadores, y los inmigrantes han sido una parte fundamental del motor productivo del país durante décadas”, señala María Rojas, experta en migración laboral. “Si esta tendencia continúa, veremos una crisis más profunda con implicaciones directas en los precios de los alimentos y en la estabilidad del sector agrícola”.

Mientras el debate político sobre la inmigración sigue polarizado, los efectos en el mercado laboral ya son una realidad. Los agricultores enfrentan pérdidas crecientes, los consumidores podrían ver incrementos en los precios de productos básicos, y la economía de Estados Unidos podría resentirse gravemente si no se toman medidas para equilibrar la necesidad de control migratorio con la demanda de mano de obra. El futuro del sector agrícola, y de muchos otros sectores, pende de un hilo.

Las organizaciones advierten sobre los riesgos de incluir en el próximo gabinete a personajes vinculados a intereses económicos y en contra de una agricultura libre de agrotóxicos y transgénicos.