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Excelsior

El matrimonio que conforman Víctor Manuel Félix Beltrán, El Vic, y Kenia Muñoz Róman, quienes son parientes y eran operadores financieros de Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos, aportaron a las agencias de seguridad nacional y antidrogas estadunidense testimonios y evidencias de un esquema de lavado de dinero que involucraría a Julio César Chávez Carrasco, con la facción de La Chapiza, revela un documento en la carpeta de investigación de la FGR.

En la audiencia de vinculación a proceso, el propio abogado defensor de Chávez junior reveló que en la imputación del Ministerio Público federal presentó 21 pruebas, de las cuales, nueve hacen alusión al nombre del boxeador, destacando dos investigaciones de agencias estadunidenses que la Embajada de ese país en México entregó a la FGR: una de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otra de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Víctor Manuel Félix Beltrán es hijo de Víctor Manuel Félix Félix, El 69, compadre de Joaquín Guzmán y encargado de la ruta de cocaína de Ecuador, Perú y Colombia a México, mientras que su esposa Kenia Muñoz Román, emparentada con la esposa de Chávez Jr., Frida, quien estuvo casada con Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo que fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.

Durante la segunda audiencia, donde el juez de Control vinculó a proceso penal a Julio César Chávez junior por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas en supuesta complicidad con La Chapiza del Cártel de Sinaloa, el agente del Ministerio Público especializado en delincuencia organizada, terrorismo, acopio y tráfico de armas, presentó como evidencias contra el boxeador dos documentos que refieren a las investigaciones de agencias estadunidenses.

La otra investigación se trata de un oficio que también fue entregado por la Embajada a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde la agencia antidrogas estadunidense DEA, confirma que también está investigando al boxeador.

Antes de dar el fallo de vinculación a proceso, el juez de Control Enrique Hernandez Miranda dijo que las investigaciones que realizan las agencias de Estados Unidos confirman y coinciden con las sospechas sobre las que ha estado trabajando e indagando los agentes de la FGR.

El 4 de julio pasado, Excélsior publicó que la justicia mexicana tenía a Julio César Chávez Jr. en la mira desde marzo de 2023.

Contra el boxeador había una orden de aprehensión por crimen organizado, tráfico de armas, municiones y explosivos, había revelado la FGR.

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El juez le prohibió salir del país como medida cautelar, y dio a la Fiscalía tres meses más para la investigación; la próxima audiencia quedó programada para el 24 de noviembre.
Un juez de control vinculó a proceso al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., en Hermosillo, Sonora, por los delitos de tráfico de armas y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, y determinó que lleve su proceso en libertad.

En una segunda audiencia realizada virtualmente, por temor a un atentado contra el púgil en su traslado del Cefereso 11, penal de máxima seguridad en Hermosillo, al Poder Judicial, el juez Enrique Hernández Miranda ordenó la vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas a Chávez Jr.

Además, dictó la medida de libertad bajo caución, por lo que saldría inmediatamente de prisión.

La audiencia duró tres horas, tiempo en el que el púgil siguió el desarrollo desde un monitor, vistiendo la misma camisa polo con la que fue deportado desde Arizona hacia Nogales (Sonora), el pasado lunes 18 de agosto.

Asimismo, el juez de control concedió tres meses más para la investigación complementaria y fijó como fecha tentativa para la próxima audiencia el 24 de noviembre.

En su equipo de defensa, el hijo del legendario Julio César Chávez, tenía tres abogados y uno de ellos expuso que el Ministerio Público Federal, que formuló la imputación, presentó 21 pruebas de las cuales solamente en nueve se mencionaba al acusado.

El abogado, Rubén Fernando Benítez, aseguró que “ninguna de las pruebas eran válidas para acreditar los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas”.

Incluso desestimó que existan evidencias de que su cliente esté ligado a la facción de La Chapiza u otra dentro del Cártel de Sinaloa, por lo que el acusado no tiene vínculo con actividades criminales.

“Tenemos una Fiscalía Federal que atribuye participación en una organización peligrosísima en base a anécdotas de camaradería, no hay una sola apreciación en donde nosotros hayamos visto, por lo menos el fiscal no nos la enseñó, donde hayamos visto que participó, que formó parte de una agrupación que está subordinado”, declaró Benítez a medios sobre su cliente.

Dijo que se opuso a que se llevara a cabo la audiencia por videoconferencia, porque la titular del Cefereso 11 nunca especificó “cuáles eran” los motivos de seguridad a los que aludió para solicitar la medida.

“Yo me opuse; a mí me gusta poder tener a mi cliente, por un lado, mantener una comunicación irrestricta con él y cumplir con mi obligación de manera inmediata. Además, es un principio legal, el principio de inmediación. Me opuse e interpuse un recurso de revocación, pero el recurso está en trámite y, aun así, la audiencia se celebró por videoconferencia. No hubo mayor inconveniente; se celebró bien”, dijo.

La defensa enumeró las nueve evidencias que presentó el Ministerio Público Especializado en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, y aseguró que eran “intervenciones telefónicas de personas que no están identificadas, pruebas sacadas de notas periodísticas y redes sociales, análisis de riesgo e informes de investigación criminal”.

Así como una bata de boxeo enmarcada y autografiada, que fue decomisada a Néstor Isidro Pérez, alias ‘El Nini’, exjefe de seguridad de ‘La Chapiza¡, aunque se insistió que ninguna de estas eran pruebas concluyentes contra el boxeador.

Entre las nueve pruebas que la defensa trató de desestimar, destaca un informe del Homeland Security Investigations (HSI), donde dos personas identificadas con nombre y apellido señalan a Chávez Jr. como parte de una red de lavado de dinero relacionada con la familia de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

La defensa también mencionó que en la acusación del Ministerio Público Federal hay una investigación que la Administración de Control de Drogas (DEA) tiene sobre Chávez Jr., aunque sobre ello se respondió que no está relacionada con los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

En las próximas horas, el ex campeón mundial de peso mediano abandonará el Cefereso 11. Sin embargo, su salida estará sujeta a una serie de medidas cautelares “muy estrictas”, que se seguirán “al pie de la letra”.

La detención de Chávez tuvo lugar el 2 de julio en Estados Unidos luego de que el boxeador perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante Jake Paul.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el púgil contaba con una orden de aprehensión en México desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

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Julio César Chávez Carrasco es asociado a los integrantes del cártel de Sinaloa, principalmente como provedor de armas. Se señala que su relación con el grupo criminal se intensificó luego de su vínculo amoroso con su ahora esposa Frida Muñoz.

Julio César Chávez Jr es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019 por tráfico de armas y de drogas, y esperamos que Estados Unidos lo deporte para que pueda cumplir sentencia en México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ayer, en la conferencia mañanera, dijo que desconocía que el boxeador era investigado, pero consideró que su detención en el país vecino en parte es por el proceso iniciado por la FGR. La orden de aprehensión se otorgó en 2023.

“Personalmente no tenía conocimiento, y (antier) cuando salió la noticia nos comunicamos con el fiscal (Alejandro Gertz Manero) y me confirmó que (Chávez Jr) sí tiene una orden de aprehensión en México.

Lo seguían desde 2019

La carpeta de investigación se abrió en 2019, se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023 y lo que nos informaron hoy (ayer) en el gabinete (de seguridad) es que (el boxeador) la mayoría del tiempo estaba en Estados Unidos.

Entonces, en parte la detención tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda haber una deportación y pueda cumplir la sentencia en México. En ese proceso está trabajando la Fiscalía General de la República.

–¿El gabinete de seguridad tenía ubicado que Chávez Jr tuviera vínculos con el cártel de Sinaloa?

–No se mencionó en el gabinete. Lo que sí, es una investigación de la fiscalía que tiene que ver con delincuencia organizada.

Y la orden de aprehensión no se había podido cumplimentar porque una buena parte del tiempo (el boxeador) estaba en Estados Unidos, donde se le detiene y se busca que se deporte a México, indicó.

La Presidenta comentó que en la plática que sostuvo con el fiscal tampoco se habló de los presuntos vínculos del inculpado con el cártel de Sinaloa ni si la FGR había solicitado alguna orden de detención provisional con fines de extradición.

“La comunicación fue muy breve: ‘fiscal, quisiéramos saber si hay orden de aprehensión de esta persona. Sí, sí hay orden de aprehensión y los procedimientos son éstos…’”

Añadió: hay protocolos establecidos muy claros donde ya es la fiscalía quien atiende, y Migración apoya en todo lo que se requiere. Obviamente a cualquier mexicano o mexica-na, siempre se le da apoyo consular, tenga orden de aprehensión o no.

La Presidenta subrayó que no ha tenido contacto con la familia Chávez. Ayer vimos un comunicado que sacaron.