Un nuevo caso de la política picaresca lo personifica el priísta y hoy diputado federal Lázaro Jiménez Aquino, oriundo del estado de Chiapas y avecindado en Puebla, quien cederá su lugar al esposo de la conductora Galilea Montijo.

Jiménez Aquino fue subsecretario de Transporte del “góber precioso”, Mario Marín Torres, preso en el penal de Quintana Roo por diversos delitos cometidos contra la escritora Lidya Cacho.

En ese tiempo, Jiménez Aquino fue señalado de vender permisos piratas a por lo menos 5 mil mototaxis, lo que le habría dejado una ganancia de 25 millones de pesos.

Su pecado fue tan grande que tuvo que exiliarse de Puebla para evitar ser encarcelado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle.

El beneficiado Fernando Reina, es un político fracasado de muy bajo nivel, es investigado por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera por sus nexos con el delincuente prófugo Víctor Manuel Álvarez Puga, pseudo empresario acusado de saquear con empresas fantasmas a varios entes gubernamentales. Puga es esposo de la también prófuga Inés Gómez Mont.

Esto se da en medio del nuevo escándalo por el que atraviesa Galilea Montijo, quien es señalada por la periodista e investigadora Anabel Hernández, de haber sostenido una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”.

Fernando Reina siempre ha deseado hacer una carrera política y ha tenido cargos irrelevantes de quinto nivel. Su esposa Galilea lo ha tratado de vender como político y empresario de alto nivel pero se le desconoce una actividad comercial que lo acredite como el empresario que dice su esposa que es.

¿Qué urgencia tiene el tal Fernando Reina de llegar a una diputación federal que le da fuero, en el justo momento en donde lo involucran a él y a su esposa en relaciones con diversos delincuentes?

Es obvio que busca impunidad con el fuero de la diputación.