Ciudad de México. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, estimó que el quebranto para las finanzas públicas por el robo de combustibles asciende a unos 20 mil millones de pesos anuales, equivalente a casi mil millones de dólares.
En esta problemática, dijo, se analiza la probable participación de empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), de autoridades municipales, de grandes grupos de transportistas y gasolineras.
En una entrevista televisiva señaló que para combatir este ilícito se requiere una estrategia Integral.
Explicó que la participación de Hacienda tiene diferentes vertientes, de las cuales dos muy importantes: parte del robo de combustible se traduce en que se recauda menos Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolina; y hay un impacto en prácticas comerciales en gasolineras, cuando venden litros de menos de a litro, lo cual implica un proceso de defraudación fiscal.
Al observar la experiencia internacional , Meade Kuribreña afirmó que solamente se puede detener si hay una estrategia integral. "Esto es, está Hacienda para perseguir el tema de evasión en los puntos donde se vende la gasolina robada, si al centro de la estrategia está Pemex cooperando, si tenemos presencia de fuerza pública, si está la Procuraduría, si estamos bien coordinados con el Estado".
Informó que en el último mes se ha detectado a 13 estaciones de servicio "donde hemos identificado alto potencial de defraudación y muy posiblemente la presencia de gasolina robada".
Indicó que todas estas autoridades están participando para poder desplegarnos de manera integral, usando tecnología, usando presencia física, utilizando los instrumentos del SAT, de inteligencia financiera, de la Profeco, ciertamente fuerza pública y coordinado con los estados para ir enfrentando éste que es un grave problema.
Además, en vertientes sociales, descompone el tejido social y genera un problema para el erario, para la comunidad, para el Estado y, en general, para todos aquellos que están cerca de un fenómeno que, encima de todo, es terriblemente peligroso.
Comentó que algunas gasolineras que ya habían sido clausuradas y ya tenían un año cerradas seguían vendiendo gasolina que naturalmente era gasolina robada.
"Tenemos un centro de reacción justamente establecido en Puebla, coordinado con el Estado, desde donde vamos armando los operativos cada vez que se identifica una picadura de ducto, estamos redoblando esfuerzos todos: Pemex le está metiendo más recurso, más tecnología, más inteligencia al control de los ductos, tenemos presencia permanente en ministerios públicos".
El responsable de las finanzas públicas , mencionó que es muy probable que haya participación de empleados de Pemex. La empresa petrolera "está implementando esquemas de rotación y estamos trabajando con ellos para identificar si pudiera haber gente involucrada, muy probablemente sí haya gente involucrada, pero estamos viendo involucrados autoridades municipales, en algunos casos gasolineras y gran transporte".
Esto es un fenómeno en donde tenemos que enfrentar la oferta, que tiene que ver con quienes pican el ducto, y la demanda, que tiene que ver con quienes le compran el combustible robado, y la estrategia recoge los dos elementos.
¿Qué podemos hacer para hacer más difícil el acceso a los ductos? En términos de presencia, de intervenciones sociales, en términos de capacidad pronta de respuesta. Pero qué tenemos que hacer también para hacer, no solamente menos rentable, sino para que enfrenten responsabilidades quienes compran el producto robado.
Informó que las primeras seis gasolineras identificadas que vendían gasolinas robadas fueron en diferentes entidades del país, las últimas seis en Puebla, "en Puebla es donde vemos la mayor concentración de este fenómeno, pero vemos también creciendo en Guanajuato y en Veracruz".
Recordó que se aprobó una iniciativa muy importante en Cámara de Diputados que quedó pendiente en el Senado para hacer más fácil perseguir el delito, porque encontramos algunas lagunas en donde el robo es ilegal, pero la posesión de la gasolina robada el Estado se ve imposibilitado de ejercer una acción judicial.