El Estado mexicano reconoció el reto que representa el combate a la tortura, así como la instrumentalización de la Ley General en la materia, en una audiencia virtual en el contexto del 178 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la audiencia, realizada a petición de organizaciones de la sociedad civil, Javier Pérez Durón, responsable de la Fiscalía Especial en el Delito de Tortura, de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que hasta el 31 de diciembre de 2019 a nivel federal se habían integrado 4 mil 664 expedientes por el delito de tortura, de los cuales 3 mil 942 fueron abiertos bajo el sistema de justicia penal inquisitorio y 722 en el acusatorio.
De acuerdo con el funcionario, de las averiguaciones integradas por el antiguo sistema, 451 fueron resueltas. De éstas, 232 concluyeron con el no ejercicio de la acción penal y 218 con otro tipo de resoluciones, en tanto que se obtuvo la judicialización de dos investigaciones, derivándose una de ellas en órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos.
Pérez Durón explicó que en 2019 se logró una sentencia condenatoria y en 2020 se consignaron dos carpetas de investigación, de las cuales en un caso se liberaron 13 órdenes de aprehensión.
Asimismo, dijo que a la actual administración le dejaron “un gran rezago” en materia de indagatorias, y reconoció que hay pendientes en la aplicación de la Ley General en materia de tortura.
El director de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas, admitió que el tema de tortura “es uno de los desafíos que enfrenta actualmente “México, y anunció próximos avances en la materia.
Las organizaciones civiles que solicitaron la audiencia en la CIDH consideraron que la tortura en México sigue siendo un tema preocupante, toda vez que “la impunidad impera en casi la totalidad de casos”, con cifras de judicialización de las denuncias que apenas llegan a 1% de los miles procesadas en los fueros federal y común.
Asimismo, alertaron sobre el impacto social de la “fabricación de confesiones y declaraciones bajo tortura”, lo que deriva en el encarcelamiento de personas inocentes, “a veces sin que exista siquiera la comisión de un delito contra persona alguna, o porque, existiendo un delito, se fabrican culpables en vez de perseguir a los verdaderos responsables, violentando así los derechos tanto de las víctimas de la tortura como de las víctimas de delito que buscan justicia”.
Las organizaciones participantes urgieron a “despresurizar los centros de reclusión en el contexto actual de pandemia, y que los poderes judiciales y ejecutivos hagan uso de todas las figuras y facultades en la normatividad para tal fin”.
También propusieron “el desarrollo de un plan de persecución penal de la tortura, empezando a nivel federal, que cuente con insumos técnicos de la sociedad civil y, en su caso, asistencia puntual de la CIDH”, así como reformar el protocolo homologado de investigación sobre la tortura.
Durante la audiencia, los representantes de las organizaciones peticionarias reconocieron el compromiso de los representantes del Estado para publicar en próximos días el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), cuya última publicación data de 2016.
Al término de la audiencia, las organizaciones participantes pidieron al Estado “abordar todas las problemáticas expuestas” y cumplir los compromisos expuestos en la CIDH, entre ellas aceptar la asistencia técnica para “la erradicación de la tortura y la impunidad”.
Participaron representantes de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); Documenta; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Laboratorio de Litigio Estructural.
Con información de Proceso.
