Gabriela García Guzmán

La administración de Roberto Parada Coto enfrenta fuertes señalamientos en redes sociales por el presunto pago de una obra inconclusa y la falta de respuestas a la familia de un arquitecto que habría fallecido durante los trabajos.

Puebla, Pue.- La opacidad, el presunto manejo irregular de recursos públicos y la aparente falta de responsabilidad frente a la muerte de un trabajador han colocado bajo fuertes cuestionamientos al gobierno municipal de Molcaxac, encabezado por el alcalde Roberto Parada Coto, luego de que comenzara a circular en redes sociales una denuncia que exhibe posibles irregularidades en la ejecución y pago de una obra pública.

A través de una publicación difundida en Facebook desde el perfil identificado como Tonny Soprano, se señala que el arquitecto David Montiel Aguirre habría perdido la vida el pasado 1 de noviembre, luego de sufrir un accidente mientras realizaba trabajos para concluir una construcción presuntamente contratada por el Ayuntamiento.

Lo verdaderamente preocupante es que, según la denuncia, la administración municipal habría pagado desde julio una obra que todavía no estaba terminada, situación que, de confirmarse, pondría en evidencia graves deficiencias en la supervisión del gasto público y obligaría a investigar quién autorizó la liberación de los recursos sin que los trabajos estuvieran concluidos.

La publicación sostiene que, ante los pendientes de la construcción, se habría recurrido a la subcontratación del arquitecto David Montiel Aguirre para finalizar los trabajos. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado públicamente a la empresa que presuntamente recibió el contrato original, el monto de los recursos entregados ni las condiciones bajo las cuales se habría realizado dicha contratación.

Pero el caso adquiere una dimensión todavía más delicada por las circunstancias en las que presuntamente ocurrió el fallecimiento del profesionista. De acuerdo con la versión difundida, el propio alcalde Roberto Parada Coto, quien también es médico, habría intervenido para atender al arquitecto después del accidente, cuando supuestamente ya no presentaba signos vitales.

La denuncia también acusa una presunta falta de sensibilidad hacia los familiares del trabajador, quienes habrían recibido el cuerpo sin explicaciones suficientes ni compromisos relacionados con las responsabilidades derivadas del accidente. Incluso, la publicación atribuye a personas no identificadas expresiones como “Fue un accidente” y “Así es la vida”, que presuntamente habrían sido dirigidas a la viuda.

Aunque estos señalamientos todavía requieren corroboración oficial, su gravedad no puede minimizarse ni despacharse como una simple controversia de redes sociales. Se trata de acusaciones que involucran recursos públicos, condiciones de seguridad laboral y la posible responsabilidad de particulares y autoridades en una obra financiada con dinero de los ciudadanos.

La situación resulta especialmente preocupante porque no es la primera ocasión que la administración de Molcaxac enfrenta cuestionamientos relacionados con la transparencia de sus proyectos. En julio de este año, habitantes del municipio manifestaron su inconformidad por la construcción de un domo en el parque central, ante la falta de información sobre planos, inversión y documentación que respaldara los trabajos, lo que derivó en la suspensión del proyecto.

Este antecedente, aunque no demuestra relación alguna con el accidente ahora denunciado, evidencia la importancia de que el gobierno municipal abandone cualquier práctica de opacidad y explique con documentos cómo se contratan, supervisan y pagan las obras públicas.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una administración exigir confianza ciudadana cuando existen señalamientos sobre obras presuntamente pagadas antes de concluirse y no se ha ofrecido una explicación pública verificable sobre las acusaciones que circulan?

El alcalde Roberto Parada Coto debe aclarar quién fue contratado, cuánto dinero se destinó a la construcción, qué funcionarios autorizaron los pagos, por qué presuntamente fue necesario recurrir a un tercero para terminar los trabajos y qué medidas de seguridad existían para proteger a quienes laboraban en el lugar.

También resulta indispensable esclarecer qué relación laboral o contractual mantenía el arquitecto con los responsables de la obra, si contaba con protección en materia de seguridad social y quién tendría que responder por las obligaciones legales que pudieran derivarse de su fallecimiento.

La distancia de Molcaxac respecto de la capital poblana no puede convertirse en una ventaja para evadir el escrutinio público. Los municipios pequeños también están obligados a transparentar cada peso que reciben y a garantizar que las obras financiadas con recursos de la población se ejecuten conforme a la ley.

Por ello, los señalamientos ameritan la intervención de las instancias fiscalizadoras y, en caso de existir elementos que lo justifiquen, de las autoridades ministeriales, para determinar si hubo irregularidades administrativas, incumplimientos contractuales o responsabilidades relacionadas con las condiciones en que se desarrollaban los trabajos.

Lo que no puede permitirse es que una denuncia de esta gravedad termine sepultada entre el silencio oficial, la indiferencia institucional y la falta de información.

El gobierno de Roberto Parada Coto tiene la obligación de dar la cara, abrir los expedientes de contratación y aclarar los hechos. La transparencia no es una concesión del presidente municipal, sino una obligación legal frente a los habitantes de Molcaxac.

Porque si se confirma que una obra fue pagada sin estar concluida y que un trabajador perdió la vida durante su ejecución, el caso no puede cerrarse con explicaciones superficiales. Tendrían que investigarse las decisiones administrativas, las responsabilidades contractuales y las circunstancias del accidente, sin encubrir a nadie.

Hasta ahora, los señalamientos difundidos en redes sociales no han sido acreditados mediante documentación oficial ni confirmación independiente, por lo que corresponde a las autoridades competentes esclarecerlos y garantizar el derecho de respuesta de las personas involucradas.

En Molcaxac, la exigencia es clara: cuentas transparentes, respuestas verificables y justicia para quien corresponda. El poder municipal no puede utilizarse como escudo frente a los cuestionamientos ciudadanos, mucho menos cuando existe una denuncia que involucra la pérdida de una vida humana.