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La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el régimen, votó el jueves por unanimidad para aprobar una ley que podría imponer inhabilitaciones de hasta 60 años para ejercer cargos públicos a quienes hayan expresado o supuestamente expresado su apoyo a la imposición de sanciones al país sudamericano.

La ley contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 60 años y postularse a elecciones, la destitución, confiscación de bienes y juicios en ausencia de los acusados. También incluye la apertura de procesos judiciales contra aquellos que soliciten o participen en “actos de agresión” con penas de entre 25 y 30 años de prisión.

La llamada Ley Libertador Simón Bolívar es la más reciente acción del régimen de Nicolás Maduro para bloquear el ejercicio político de opositores y regular desde las organizaciones no gubernamentales hasta las redes sociales, luego de una controvertida elección presidencial en julio.

Actualmente, la legislación venezolana tiene como pena máxima 30 años de prisión y en general las inhabilitaciones políticas para aspirar o ocupar un cargo público suelen ser de 15 años, dijeron abogados.

La nueva legislación se suma a otras aprobadas por la Asamblea como una para fiscalizar a las ONG, en medio de las denuncias de detenciones arbitrarias de opositores tras los comicios en los que Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, pese a las alertas de irregularidades por parte de organismos como el Centro Carter y Naciones Unidas.

Los medios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes sobre sanciones serán sancionados con la revocatoria de la concesión, de acuerdo con lo señalado en el texto que fue debatido por los legisladores.

A los medios electrónicos e impresos se les impondrá una multa en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central, lo que sería unos 49 millones de euros o unos 51,7 millones de dólares a la tasa de cambio oficial actual.

El instrumento entrará en vigor luego que sea promulgado por Maduro y publicado en la Gaceta Oficial. Previamente será remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un ente cercano al régimen, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad, indicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y cercano colaborador de Maduro.

La votación para aprobar la ley se produce después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara la llamada Ley Bolívar, que prohibiría a los organismos del gobierno estadounidense contratar a personas que tengan tratos comerciales con el régimen de Maduro.

La Ley Bolívar, que necesita la aprobación final del Senado de Estados Unidos, ha sido calificada de “basura” por Maduro.

El proyecto estadounidense fue presentado por los representantes de Florida Mike Waltz, republicano, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata, quienes consideran, en palabras del primero, que Estados Unidos debe “mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano”.

Las prohibiciones temporales a políticos de oposición son hechos habituales en Venezuela y la líder opositora María Corina Machado vio confirmada en enero su prohibición de 15 años de ejercer cargos públicos .

En su programa semanal Con Maduro +, transmitido por el canal estatal VTV, el dictador indicó que la ley establece -dijo el mandatario- “penas gruesas” y va a dotar las instituciones de “un arma jurídico-constitucional para defender el derecho a la paz, a la tranquilidad de Venezuela”.

La AN adelantó que el se contempla inhabilitar políticamente a quienes soliciten a otros países, “grupos o asociaciones terroristas”, que impongan sanciones económicas contra la nación caribeña.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que “no hay ni una sola posibilidad” de que el opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en España- regrese en enero a su país para jurar como jefe de Estado, lo que el antichavista asegura que hará, incluso si eso conlleva a su eventual detención.

“No hay ni una sola posibilidad de que Edmundo González venga a Venezuela a juramentarse, ni una, ni una sola posibilidad”, dijo Cabello durante la transmisión de su programa semanal en VTV.
En cambio, prosiguió, el 10 de enero -fecha establecida en la Constitución para la toma de posesión presidencial- Nicolás Maduro, “se va a juramentar” ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.

El también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó que, si el candidato de la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- regresa al país, le entregará “en sus propias manos” un “regalo” del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en referencia a unas esposas que mostró en el programa.

“Quiero entregárselo en sus propias manos, como un gesto, (...) yo tengo que verificar que le queden esas bichas”, dijo el ministro sobre las esposas, que estaban dentro de una caja transparente con globos y una tarjeta que decía: “En el vigésimo tercer aniversario del Cicpc, nuestro regalo para Edmundo González Urrutia”.

En el programa estuvo presente en el público el director de este cuerpo policial, Douglas Rico, así como varios funcionarios de ese organismo.

El pasado lunes, González Urrutia, en una entrevista con EFE, dijo que está “moralmente preparado” para su eventual detención si regresa a Caracas para asumir la Presidencia, y que apuesta por una transición pacífica en la que el chavismo pueda encontrar un espacio y el propio Maduro pueda seguir en el país.

El ex embajador, quien llegó a Madrid en septiembre para pedir asilo político tras denunciar fraude electoral en su país, se considera “el candidato que obtuvo la victoria” y que “debería tomar posesión”, para lo que están -afirmó- “preparados y trabajando”.

Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que aún no publica de forma desglosada, pese a que así lo establecía su cronograma para estos comicios, mientras que la PUD asegura contar con el 83,5% de las “actas” de votación que otorgan -insiste- el triunfo, por amplio margen, a González Urrutia.