“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos (…), que están siendo controlados por la Policía Nacional y las fuerzas armadas”.

Alberto Otárola, ministro de Defensa.

Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.

Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución y detención el miércoles pasado.

Aseguró, inicialmente, que gobernaría hasta el fin de su mandato en julio de 2026, como prevé la Constitución.

Pero una ola de protestas que exigen la liberación de Castillo y elecciones inmediatas, la llevaron a proponer adelantar la fecha de las elecciones primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.

Perú declara estado de emergencia nacional y propone elecciones para 2023

 “Legalmente, los tiempos calzarían para abril del 2024; sin embargo, haciendo reajustes ayer, conversando, éstos se pueden adelantar a diciembre del 2023”.

Dijo el miércoles Boluarte a la prensa.

El Congreso se reunirá en pleno este jueves para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo.

Militares en la calle de Perú

El Gobierno de Boluarte ya había declarado el estado de emergencia en varias ciudades que registraron protestas violentas, como Arequipa e Ica, pero no en todo el territorio.

Numerosas carreteras permanecían bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la Policía.

Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.

“Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte”, dijo a la AFP Hugo Maquera, uno de los manifestantes que bloqueó el puente internacional de Ilave, en Puno, en la frontera con Bolivia.

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un “paro indefinido” para exigir elecciones generales que obligó a suspender del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

Desde antes del autogolpe, la Fiscalía de Perú investigaba a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.

Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001.

Castillo asegura que la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le acusan de delitos que no cometió y buscaban sacarlo del poder.