El gobernador poblano Miguel Barbosa Huerta, consideró que forma parte de una estrategia legal el amparo que promovió Arturo N, director de Diario Cambio, por supuesta violencia psicológica, física, incomunicación y desaparición forzada.

En conferencia, el mandatario señaló que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y el Poder Judicial Federal deberán revisar la constitución de los actos de autoridad en la detención realizada en Ciudad de México, para que el imputado declarara ante un juez de lo Penal de Cholula.

“Respecto la solicitud de amparo, es normal todos lo hacen bajo dichos no siempre ciertos, el tema de la tortura es muy utilizado para se disponga después de una verificación una suspensión provisional (…) Yo lo veo como normal ese desarrollo como estrategia legal en su defensa, ya se irá resolviendo todo ese asunto y le corresponde a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial del Estado y al Poder Judicial Federal la parte que corresponda a la revisión constitucional de los actos de autoridad que se dicten durante este proceso correspondiente", dijo.

En una carta redactada por Arturo N, aseguró que durante el traslado de la Ciudad de México a Puebla, fue “torturado psicológicamente”. 

“Pregunté a qué autoridad sería remitido y me dijeron que a ninguna, que me iba directo al penal de Tepexi, y reían entre ellos contando lo difícil que era estar ahí (…) Referí que sabía el número de mi abogado y de mi familia, que para qué necesitaba el acceso a mi teléfono y me dijo que era por mi bien tres o cuatro veces, lo que me hace temer por mi actividad periodística al revelar fuentes. También lo considero una forma de tortura psicológica”, apuntó. 

En este sentido, Arturo N asegura que durante su detención fue golpeado en el rostro y el hematoma fue evaluado por peritos legistas tanto en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de Fiscalía de Puebla.

Recordemos que la aprehensión de Arturo N, socio de Ignacio Mier Velazco, líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, se origina de una denuncia por intento de extorsión por 10 millones de pesos que interpuso en su contra el diputado local priísta, Jorge Estefan Chidiac, desde 2015.