Gabriela García Guzmán
La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado ha llevado a cabo una reestructuración interna que incluyó al menos 10 reajustes en cargos de subsecretarios y directores, informó el titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, como parte de un proceso de revisión administrativa derivado de una auditoría en curso.
El funcionario señaló que estos movimientos forman parte de las acciones preventivas mientras se espera el resultado de la auditoría realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual mantiene detenida, de manera provisional, la asignación de plazas docentes en la entidad.
Tras asistir a la ceremonia conmemorativa por el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana, Viveros Narciso explicó que la revisión detectó inconsistencias en los procedimientos internos, situación que derivó en la inhabilitación temporal de aproximadamente 2 mil 500 plazas, las cuales no podrán ser asignadas hasta que concluya el proceso de fiscalización y se emitan las resoluciones oficiales.
Precisó que, mientras la auditoría continúe, la SEP estatal no puede avanzar en trámites relacionados con el ingreso de nuevo personal; sin embargo, aclaró que los aspirantes que participaron en los procesos de evaluación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) mantienen sus derechos, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos.
Ante las manifestaciones de docentes que demandan la liberación de las plazas, el titular de la SEP aseguró que la dependencia mantiene apertura al diálogo y disposición para escuchar las inquietudes del magisterio, aunque enfatizó que cualquier determinación deberá apegarse estrictamente al marco legal.
Viveros Narciso reiteró que la prioridad de la institución es garantizar procesos transparentes y conforme a la normatividad vigente, tanto en el ingreso como en la promoción del personal educativo, mientras se esclarecen las irregularidades detectadas.
Cabe recordar que la auditoría reveló fallas administrativas que impidieron la asignación efectiva de plazas que ya contaban con autorización, lo que generó la falta de docentes y personal de apoyo en diversas escuelas del estado. Aunque en los registros oficiales dichas plazas aparecían como aprobadas, habrían sido retrasadas o simuladas, afectando directamente el funcionamiento de los planteles.
Está situación ya había sido señalada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien durante recorridos por distintos municipios recibió reclamos de directivos escolares y padres de familia ante la ausencia de personal, pese a que las plazas figuraban como autorizadas en los reportes oficiales.
