El Gobierno de la Cuarta Transformación, a través de la Secretaría de las Mujeres (SM), ha lanzado el Plan Integral contra el Abuso Sexual, una iniciativa que se proyecta como un hito en la política pública con perspectiva de género. Este plan no se limita a ser un mero ajuste normativo, sino que propone una reestructuración profunda que ataca la violencia sexual como un fenómeno estructural y cultural. La propuesta, impulsada con visión de Estado, busca subsanar la histórica fragmentación legal y la ineficacia institucional que, por años, han negado el acceso a la justicia a miles de víctimas en el país. Se trata de un ejercicio de filosofía de la praxis, que articula los principios de derechos humanos con acciones concretas para transformar la realidad.
El corazón de esta estrategia reside en la homologación del tipo penal de abuso sexual en los 32 códigos estatales. La disparidad actual en la legislación, donde la gravedad del delito y el acceso a la justicia dependen de la ubicación geográfica de la víctima, es una falla estructural que este gobierno se ha comprometido a corregir. Esta acción en el eje jurídico-legal busca imponer un orden universal y coherente, garantizando que el delito sea tipificado como grave, imprescriptible y que contemple la reparación del daño y la pérdida de la patria potestad. Es una respuesta racional y técnica que demuestra la voluntad política de unificar el frente contra la impunidad.
Además de la reforma legal, el plan se centra en el fortalecimiento del acceso a la justicia y la capacitación institucional. La coordinación con fiscalías y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) tiene el objetivo de agilizar y hacer más seguros los procesos de denuncia, integrando de manera efectiva la perspectiva de género en la operación burocrática. La capacitación especializada para ministerios públicos, jueces y personal clave, como el de transporte público, es vital para transformar el sistema desde adentro, migrando de una lógica de revictimización a una de acompañamiento y restitución.
El aspecto más ambicioso del Plan Integral es su Eje Socio-Cultural, que busca un cambio profundo en la conciencia colectiva. La secretaria Citlalli Hernández Mora ha puesto el acento en campañas de concientización dirigidas específicamente a hombres, en diversos ámbitos, con el fin de deconstruir la masculinidad hegemónica y la normalización de la violencia. Esto trasciende el marco punitivo de la ley y se adentra en la "psicopolítica" social, intentando intervenir en la producción de subjetividades más igualitarias y respetuosas. Este enfoque reconoce que la raíz de la violencia es cultural e histórica, y solo una transformación profunda en las relaciones sociales podrá erradicarla.
No obstante, la implementación enfrentará retos que este gobierno está preparado para abordar. La coordinación federativa con los 32 congresos locales requerirá una negociación política firme para evitar que visiones conservadoras diluyan o bloqueen la armonización legislativa. Asimismo, la métrica del cambio cultural será a largo plazo y demandará sostener la estrategia con recursos claros y una estructura administrativa sólida. El Gobierno de la 4T entiende que el éxito del plan no será instantáneo, sino una labor constante que requiere articular la voluntad política federal con la praxis social y la operatividad estatal.
@_Melchisedech
