Beatriz Gutiérrez Müller, escritora e investigadora, ha recurrido a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en España en 2022, que permite a descendientes de exiliados del franquismo obtener la ciudadanía. Las paradojas no son solo errores de discurso, sino estrategias de poder. El caso más reciente lo protagoniza Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien —tras años de impulsar una narrativa nacionalista y de confrontación con España— ha iniciado formalmente los trámites para obtener la nacionalidad española. El hecho, confirmado por fuentes diplomáticas a medios ibéricos como ABC, ha causado revuelo tanto por su simbolismo como por su contexto político.
Es nieta de catalanes por parte materna y de castellanos por parte paterna. La legislación le permite adquirir la nacionalidad en un plazo estimado de dos años, sin necesidad de renunciar a su pasaporte mexicano.
El problema no es legal, sino simbólico. En 2019, Gutiérrez Müller impulsó junto a su esposo una carta enviada a la Corona española exigiendo una disculpa formal por los agravios de la Conquista. La misiva, que provocó una crisis diplomática entre México y España, afirmaba que la invasión de Hernán Cortés fue una serie de atropellos iniciados fuera del marco legal del Reino de Castilla, y proponía realizar una ceremonia de reconciliación en 2021. La carta no fue bien recibida en Madrid, ni tuvo seguimiento oficial. Sin embargo, colocó a Gutiérrez Müller como una figura clave en la narrativa anticolonial del gobierno mexicano.
Ahora bien, esa misma figura busca integrarse legalmente a la nación que, según su discurso, debe disculparse por sus agravios históricos. ¿Contradicción o conveniencia? Para algunos analistas, el gesto revela una disonancia entre el relato público y la práctica privada. Para otros, no es sino una nueva forma de privilegio revestido de ideología.
Un entorno de impunidad estructural. Pero el escenario político no se agota en lo simbólico. Mientras la ex primera dama inicia su proceso de nacionalización europea, otros actores cercanos al oficialismo enfrentan cuestionamientos más graves, que evidencian una preocupante normalización de la impunidad.
En el estado de Morelos, el caso de Nidia Fabiola Blanco, media hermana del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, continúa sin resolución clara. Ni la Fiscalía estatal ni la Sección Instructora de la Cámara de Diputados han entregado a su defensa el expediente correspondiente a las investigaciones en su contra. Su abogado, Rodrigo Dorantes, afirma que incluso podrían presentar una denuncia por discriminación contra el priísta Manuel Cavazos Lerma, exgobernador de Tamaulipas.
"Tenemos todas las de ganar", aseguró Dorantes en entrevista, mientras su equipo jurídico explora las vías legales a seguir. La opacidad en torno al caso ha generado sospechas de un uso político de la justicia, una constante en las luchas internas del morenismo.
Por otro lado, circulan denuncias —aún no judicializadas— que señalan la presunta participación de actores políticos vinculados a MORENA en la fuga de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, así como en la muerte del diputado priísta Héctor Melesio Cuén. Aunque estas acusaciones carecen hasta ahora de resolución oficial, su mera existencia contribuye a un clima de sospecha y desconfianza que refuerza la percepción de que la llamada “Cuarta Transformación” no ha logrado romper con las prácticas del viejo régimen.
