La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado un presunto daño patrimonial de 186.1 millones de pesos durante el último año de gestión de Eduardo Rivera Pérez como presidente municipal de Puebla (2021-2024). Esta cifra alarmante pone en tela de juicio la administración del exalcalde y actual candidato a la gubernatura del estado por la coalición "Mejor Rumbo para Puebla".
De acuerdo con el informe de la ASF, las irregularidades detectadas en la administración de Rivera Pérez incluyen el mal manejo de recursos destinados a infraestructura pública, donde se reportaron sobrecostos exorbitantes en la ejecución de proyectos. También se documentaron contratos con empresas que no cumplieron con los estándares requeridos, lo que derivó en obras de mala calidad o inconclusas. La falta de comprobación en el uso de fondos federales ha sido otro de los puntos críticos, ya que se encontraron pagos injustificados que no han sido aclarados por las autoridades municipales.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe de la ASF es el hallazgo de desvío de recursos etiquetados para programas sociales. Se identificó que parte del presupuesto destinado a mejorar servicios básicos en colonias populares fue redirigido a partidas discrecionales sin justificación clara. Además, la auditoría señala deficiencias en la planeación y ejecución de proyectos urbanos, lo que ha dejado un impacto negativo en la infraestructura de la ciudad.
Estas anomalías no solo afectan las finanzas municipales, sino que también plantean serias dudas sobre la rendición de cuentas en su administración. La opacidad con la que se manejaron los recursos públicos ha generado desconfianza entre la ciudadanía y refuerza la percepción de que el Ayuntamiento de Puebla, bajo el mando de Eduardo Rivera Pérez, ha sido un terreno fértil para la corrupción.
Una historia que se repite: el historial de escándalos en la administración de Rivera Pérez
Esta no es la primera vez que se presenta algo así. Durante su primera gestión municipal (2011-2014), Eduardo Rivera Pérez ya había estado involucrado en escándalos financieros de gran magnitud. En 2017, el Congreso del Estado de Puebla lo inhabilitó por 12 años y le impuso una multa de 25.5 millones de pesos tras detectarse anomalías en su cuenta pública de 2013. En aquel momento, las irregularidades sumaban 411.6 millones de pesos, lo que generó un fuerte cuestionamiento sobre su administración y su capacidad para manejar recursos públicos de manera eficiente.
Uno de los casos más emblemáticos de esa primera gestión fue el polémico otorgamiento de finiquitos por más de 11 millones de pesos a empleados afines a su gobierno, quienes posteriormente fueron recontratados en diferentes áreas del ayuntamiento. Este esquema de simulación no solo evidenció un uso discrecional de los recursos municipales, sino que también dejó un boquete financiero que impactó en el presupuesto de la siguiente administración.
A esto se suman las acusaciones contra miembros clave de su gabinete. Alejandro Fabre Bandini, exsecretario de Medio Ambiente, estuvo implicado en manejos irregulares de fondos destinados a proyectos ecológicos, mientras que Luis Mora, exdirector de Normatividad, enfrentó denuncias por extorsiones a comerciantes. Otro personaje involucrado fue Amadeo Lara, exsecretario de Seguridad Pública, cuya administración fue señalada por una alarmante ineficiencia en la estrategia de seguridad y un incremento en los índices delictivos en la capital poblana.
Estos antecedentes ponen en duda la integridad de Eduardo Rivera Pérez y la viabilidad de su candidatura a la gubernatura. Con un historial plagado de señalamientos por daño patrimonial, irregularidades administrativas y mal manejo de los recursos públicos, la pregunta inevitable es: ¿hasta cuándo seguirá impune la corrupción en Puebla?
