Destacó que la legislación propuesta en México que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, indicó, contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas.

Además, la autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados.

Añadió que la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada.

"Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, expresó el Alto Comisionado.

Refirió que durante la visita que hizo a México en 2015, las autoridades le comentaron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas fue inevitable debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal.

Sin embargo, el proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía, resaltó el Alto Comisionado.

Señaló que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita hizo hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomente la seguridad ciudadana, vele porque las políticas de seguridad se apliquen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigue las presuntas violaciones y garantice la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.

“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria.

"Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana”, señaló Zeid.

Reiteró la disposición de la Oficina del ACNUDH en México a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.

Remarcó que las preocupaciones que suscita el proyecto de ley las comparte una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, entre otros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios.

El proyecto de ley sobre seguridad interior fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado, donde será discutido y, en su caso, aprobado.

Con información de cronica