Con fuentes al interior de la dependencia, se conoce que son 100 pulseras electrónicas que se desactivaron, lo que ocasiona que se desconozca si los sujetos a proceso penal cumplen con las reglas de restricción, “lo que ocasiona que éstas pongan en riego a más víctimas, ya que en su mayoría son personas que tienen procesos por violencia familiar”.

Con esta acción los Jueces tendrán que buscas otras medidas cautelares para este tipo de casos, ya que éste daba cumplimiento a  los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que está medida puede ser solicitada por la víctima o por el Ministerio Público.