Con priistas aplaudiendo a priistas por detener a un priista que desvió dinero público para (entre muchas otras cosas) campañas de priistas, la captura de Javier Duarte ha acaparado la agenda nacional, en pleno puente vacacional y frente a la posibilidad de que esta semana comenzara abordándose la denuncia pública sobre la participación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en la red de corrupción de Odebrecht.
Inevitablemente, han surgido los cuestionamientos sobre la coincidencia de la acción de la PGR y el desarrollo del proceso electoral del Estado de México. Y es que, aunque los priistas lo intenten, no se puede hacer creer que los delitos de Javier Duarte fueron conocidos por las instituciones encargadas de procurar justicia hasta que el delincuente se dio a la fuga. Las impresionantes sumas de dinero desviado, la deuda contraída, las investigaciones periodísticas y las denuncias de agresiones y asesinatos de periodistas, datan de mucho tiempo anterior al de su orden de aprehensión, razón suficiente para poner en duda que Duarte se haya evadido fácilmente del aparato de vigilancia del Estado.
PGR
La percepción de oportunismo político tiene fundamento en el uso histórico que se le ha dado a la PGR como una poderosa herramienta, de los gobiernos en turno, para someter el interés público al poder político con el fin de garantizar y reproducir la impunidad en delitos graves y violaciones graves a los derechos humanos.
¿Qué fue de la investigación sobre los dos empleados duartistas detenidos en el aeropuerto de Toluca por trasladar 25 millones de pesos en plena campaña presidencial de 2012? ¿Cuál es el avance de las investigaciones sobre los 17 periodistas asesinados y desaparecidos durante el gobierno de Duarte? ¿En verdad tardaron 5 meses en localizarlo, si pasaportes falsos para él fueron decomisados en noviembre a 210 kilómetros de distancia del hotel donde “se le encontró”? Se ha informado que la pista final para ubicar a Duarte fue un vuelo privado de su familia a Guatemala, pero también se ha documentado que la PGR tiene una capacidad de vigilancia masiva y costosa, lo que hace difícil suponer que no se le dio seguimiento desde su fuga.
La PGR se activa cuando el momento político es propicio para quienes la controlan. Con exgobernadores aún prófugos y tantos escándalos de corrupción pendientes por investigar con seriedad, en los siguientes meses se abrirá una discusión legislativa que presentará la oportunidad de transformar sustancialmente a la PGR o solo cambiarle el nombre; me refiero al proceso de creación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Vamos por partes.
FGR
En algún momento, tarde o muy tarde, bien o mal, la PGR será sustituida por la FGR, misma que (se supone) será autónoma una vez que el Congreso de la Unión apruebe su legislación orgánica y sea emitida una declaratoria expresa de entrada en vigor de su autonomía. Lo anterior, por mandato de la reforma constitucional en materia político electoral de 2014. ¿Por qué en una reforma electoral? Pregúntenselo a sus legisladores.
La reforma de 2014 modificó el artículo 102 de la Constitución y entre muchas cosas preocupantes, se estableció que quien fuera Procurador o Procuradora el día en el que se emitiera la declaratoria de autonomía, lo sería por 9 años. Un ocurrencia de impacto transexenal y un paquete de impunidad para el actual gobierno, trabajándose.
Como sabemos, el actual procurador es Raúl Cervantes Andrade, primo del Consejero Jurídico de la Presidencia y ex abogado del PRI en el caso Monex.
El malestar por el nombramiento de Cervantes, el 26 de octubre del año pasado, centró el debate público de la FGR en la idoneidad o no del primo del amigo del Presidente para ser el primer Fiscal General, a pesar de que una semana antes, más de 100 organizaciones, académicos, defensores y activistas, constituimos el colectivo #FiscalíaQueSirva, a través de un posicionamiento público en el que se plantearon cuestiones que van mucho más allá del nombramiento del titular de la FGR. Pareciera que ahí se quiso focalizar la discusión y por eso Peña Nieto hizo la designación y la camadería de Cervantes en el Senado (donde ocupaba un escaño apenas un día antes) lo ratificó en menos de 24 horas. Al final, el descontento fue tan grande que Peña envió al Senado una iniciativa de reforma al artículo decimosexto transitorio del artículo 102 (que garantiza el pase automático), la cual no se ha dictaminado en esa Cámara.
Durante todos estos meses, el Senado ha aplazado la discusión pública del tema y solo se han sabido de negociaciones sobre temas fundamentales de la fiscalía, amarradas a otro tipo de procesos, como el de selección del Fiscal Anticorrupción, que se quiso hacer apresuradamente y en opacidad, bajo un falso sentido de urgencia. Pablo Escudero, Presidente del Senado, declaró en noviembre del año pasado que “Cada día que no tenemos al fiscal general (sic), dejamos de hacer una persecución acuciosa de posibles delitos en materia de corrupción”. Y sin embargo el sábado fue detenido Javier Duarte y la PGR se ha adjudicado la detención.
Tanto #FiscalíaQueSirva, como diversos actores de la sociedad civil -incluidos candidatos a Fiscal Anticorrupción- han señalado que la Fiscalía Anticorrupción será autónoma, solo si la FGR lo es, pues su capacidad operativa y presupuestal dependen, actualmente, de la PGR de Cervantes.
Sí merecemos una Fiscalía que sirva. Sí merecemos una Fiscalía que Sirva…
Construir una Fiscalía que sirva tiene dos retos clave: realizar un proceso público de designación del Fiscal General que garantice la elección de una persona con base en su independencia, su mérito y su prestigio; y lograr un diseño institucional para la nueva fiscalía que garantice un cambio sustantivo, respecto de la PGR, para reducir la impunidad.
#FiscalíaQueSirva realizó un Seminario Internacional a finales de año pasado y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sus preocupaciones sobre el sistema de procuración de justicia en México, durante las audiencias celebradas en Washington el pasado mes de marzo. Además, el colectivo ha acercado sus propuestas a los legisladores para avanzar en la discusión y diseño de la FGR a través de un proceso de transición acompañado por la sociedad, con participación de las víctimas y asesoría técnica de la OEA, a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Para lograr los objetivos se requiere, primero, modificar el artículo 102 constitucional para asegurar que -en parlamento abierto- se alcance una regulación clara y expresa del perfil del Fiscal General; se elimine el pase automático del procurador y del personal de la PGR a la FGR; se incluyan contrapesos en el proceso de su nombramiento y se fijen claramente las competencias y mecanismos de evaluación internos de la FGR.
Todo para que la Ley Orgánica de la FGR contenga por lo menos los siguientes elementos:
A. Autonomía funcional, administrativa y presupuestal para la Institución;
B. Establecimiento de competencia federal clara para superar problemas actuales de atracción y conexidad;
C. Un servicio civil de carrera para todos los funcionarios y servidores públicos que incluya criterios objetivos para el ingreso, ascenso, traslados, condiciones de servicio,
capacitación, evaluación de desempeño y un sistema disciplinario aplicable a la procuración de justicia, que respete todas las garantías del debido procedimiento;
D. Un modelo organizativo y de gestión adecuada, que verdaderamente responda a las necesidades actuales;
E. Bases para que el Fiscal establezca una política criminal y un plan de trabajo acorde a las necesidades del país, con un modelo de investigación orientado a la realidad;
F. Flexibilidad de coordinación y comunicación;
G. Esquemas de eficiencia que permitan superar la burocracia, lentitud y descoordinación del actual modelo;
H. Un modelo de gestión coordinado y acorde a la implementación de un sistema acusatorio a nivel federal;
I. Especialización en materia de derechos humanos y esquemas que permitan una efectiva participación de las víctimas;
J. Mecanismos de control adecuados mediante la transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad civil y academia;
K. Autonomía de los Servicios Periciales.
Además de la iniciativa presidencial -que solo elimina el pase automático de Cervantes a la FGR- existen 4 iniciativas más de Senadores del PAN, PRD y hasta del PRI que no han sido dictaminadas. El Senado debe abrir la discusión a partir de las solicitudes de #FiscalíaQueSirva y establecer, a la brevedad, un calendario y metodología para trabajar en mesas de discusión sobre la reforma que la PGR necesita, acompañado de la sociedad civil y con asesoría técnica del CEJA, como el colectivo expuso ante la CIDH.
Sí merecemos una Fiscalía que nunca más vuelva a estar bajo sospecha de intereses políticos viciando su actuar. Hay muchos gobernadores y altos funcionarios que deben rendir cuentas con la justicia y será con una FGR autónoma y funcional, que se podrá romper buena parte un sistema político soportado por la impunidad.
Sí merecemos una FGR muy distinta a la PGR que “detuvo” a Duarte.