Según el documento que difunde el diario ‘Reforma’, por los hechos de 2012, la Fiscalía investigaba a Emilio Lozoya, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, y a la hoy senadora Nuvia Mayorga Delgado, e titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.

Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012”, dice el acuerdo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez y entregado a la juez federal Luz María Ortega Tlapa.

El caso Odebrecht comenzó a investigarse en la FEDE por una denuncia que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó el 16 de agosto de 2017, “a raíz de la difusión de los testimonios de ex directivos de la firma brasileña que aseguraron haber sobornado a Lozoya”.

Reforma señala que en cuanto a la prescripción, el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenó a la Fiscalía contar el plazo a partir del 20 de abril de 2012, cuando Odebrecht presuntamente hizo el primer depósito por 250 mil dólares a una offshore que estaría vinculada con Lozoya.

Al cumplir ese mandato, el 3 de junio, FEDE dijo que, debido a que el plazo de prescripción de los delitos electorales investigados es de 5 años, las conductas penales de 2012 ya estaban prescritas, por lo que no puede haber castigo.

En contraste, la Fiscalía General de Chihuahua puede investigar a Peña Nieto por el presunto desvío de recursos públicos a campañas electorales, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El gobierno de Chihuahua, del panista Javier Corral, quiere investigar la responsabilidad del exmandatario en presuntos desvío de fondos federales al Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante el gobierno del priísta César Duarte.