En una ceremonia en la sede del Poder Judicial, a la que asistió el gobernador Alfredo del Mazo, el magistrado Medina Peñaloza afirmó que se sustituyeron procesos tradicionales en la materia, por justicia más pronta y expedita, que supera los modelos existentes en el país e incluso en la Suprema Corte.

Al referirse al Juzgado Especializado en Adopciones, mencionó que en una entidad donde los índices de divorcio alcanzan el 71 por ciento, su operación contribuye a consolidar hogares y forjar esperanza para los menores.

Explicó que con una inversión de tres millones 177 mil pesos, se desarrolló un proceso virtual con competencia en toda la entidad, que permitirá, entre otras, pasar de 24 a ocho días en caso de audiencias de adopción.

Luego de reconocer el respaldo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el presidente del TSJ expresó que una de las áreas más sensibles y complejas es sin duda la justicia familiar, por lo que las innovaciones en la materia contribuyen a garantizar una justicia oportuna y de calidad.

El gobernador Del Mazo expresó por su parte el reconocimiento a la modernización y uso de tecnología del Poder Judicial para garantizar acceso a una justicia para el desarrollo.

El Ejecutivo estatal mencionó que hace tres meses se impulsó una reforma legal mediante la cual se redujo el proceso de adopciones al pasar de 36 a seis meses, además de implementar la figura de la familia ampliada.

Resaltó la importancia que tiene para los padres que desean adoptar a un menor el poder hacerlo con un proceso ágil, rápido y amigable, que no implique desgaste ni para el niño o niña adoptado, ni tampoco para la familia.

Expresó que con la operación de ambos juzgados —los primeros de su tipo en el país— “damos impulso a las familias que son base de un futuro sólido y firme”, ya que en los procesos de adopción además de disminuir tiempos, se aplica la tecnología y se acerca la justicia a los ciudadanos.

Durante la ceremonia además de la inauguración de los juzgados, se firmaron tres convenios de interconexión entre el Registro Civil, el Instituto de la Función Registral y el Instituto de la Defensoría Pública, con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.