“Me parece más bien que, en el tema de prioridades, nos han puesto en un último lugar, cosa que no debería de ser porque el tema de corrupción es uno de los principales que debería de estar en la agenda”, consideró.

Palmira Tapia comenta, que la Secretaría Técnica elaboró en estos últimos meses un proyecto de presupuesto de egresos, pero a la fecha no hay una asignación de dinero. En ella se estima una partida presupuestaria de más de 60 millones de pesos que destinarían a la contratación de personal y para el diseño y desarrollo de una plataforma digital para la recepción de denuncias.

La también maestra en Políticas Públicas, Universidad de Oxford y licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE, explica que el Comité Anticorrupción de Edomex ha trabajado -desde que fueron seleccionados- en el diseño de la normatividad necesaria y un plan de desarrollo para el buen funcionamiento del SEA.

“Ha sido más trabajo de escritorio, lo que podemos hacer cinco personas que nos reunimos semanalmente sin tener recursos ni apoyos de ninguna índole”, comenta.

Tapia Palacios agrega que también es cierto que hay órganos del estado que participan en estos trabajos para la cimentación del SEA y que ellos sí tienen recurso, “son distintas dependencias de gobierno del estado, algunos autónomos, que también tienen una tarea fundamental en este tema, y que ellos sí tienen recurso”, agrega.

Para la consejera la falta de asignación de presupuesto se percibe como una forma que se utiliza para retardar la implementación de una Ley nueva.

“En términos prácticos, en términos de corporativos, no tenemos los insumos necesarios para cumplir varios aspectos que señala la Ley”, expone.

José Martínez Vilchis, presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción, dijo en días pasados que se requiere hacer la contratación de al menos 100 funcionarios como administraciones, expertos en fiscalización, administradores, politólogos e informáticos, pero está detenida por la falta de recursos.

La plantilla de trabajadores es para la elaboración de la estrategia, metodología y medición de actos de corrupción, así como para el desarrollo de la plataforma digital.