Durante la audiencia de extradición el martes, se expusieron 19 pruebas que tiene la PGR contra Javier Duarte, donde destacan las declaraciones de cuatro ex colaboradores cercanos del ex gobernador de Veracruz.
Se trata de Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Moisés Mansur y Arturo Bermúdez Zurita. Estos son los registros públicos de cada uno:
José Galdámez, del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, dijo lo siguiente sobre el primer testigo:
Alfonso Ortega López es un abogado fiscalista que fungió como prestanombres y representante legal de Javier Duarte en operaciones ilegales.
Según publicaciones del diario Reforma, Alfonso Ortega colaboró en la compra de terrenos en Campeche, compra de joyas para Karime Macías, creación de empresas fantasma que procesaron alrededor de mil millones de pesos, entre otras operaciones.
También se presentó como prueba la declaración de José Juan Janeiro Rodríguez, quien es un abogado titulado por la Escuela Libre de Derecho, que colaboró con PGR para evitar la orden de aprehensión.
El periodista Omar Sánchez de Tagle, publicó que Janeiro Rodríguez entregó a PGR un escrito de 150 hojas como prueba anticipada, donde narra una serie de operaciones ilegales para mover dinero público.
El diario Reforma informó que José Juan Janeiro participó en la compra de un rancho en Valle de Bravo y en los desvíos a empresas fantasma de Veracruz.
Uno de los colaboradores que más llamó la atención, fue Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de seguridad pública en el sexenio de Duarte.
En agosto de 2016, Aristegui Noticias publicó que Bermúdez y su esposa tenían cinco residencias en el complejo The Woodlands, en el estado de Texas, Estados Unidos, valuadas en total por 2.4 millones de dólares, según registros oficiales.
Finalmente, fue detenido en febrero cuando acudía a una audiencia judicial junto al penal de Pacho Viejo y está bajo prisión cautelar mientras se lleva a cabo su proceso penal.
Ya en México, la PGR intentará demostrar con estas pruebas los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
A nivel estatal abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.
REGLA DE ESPECIALIDAD
La persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de a Parte Requirente por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición ni tampoco será extraditada a un tercer Estado, a menos que se presente una solicitud ampliatoria.
Si deciden procesarlo por delitos distintos tendrán que tramitar un proceso que se llama “autorización ampliatoria”, nuevamente ante el gobierno de Guatemala.