Roberto Formacio Ramírez, el pasado miércoles la cual pesaba desde hace cuatro años atrás, cuando cuatro de los miembros del movimiento social fueron aprehendidos en la madrugada, al tiempo de girar 10 órdenes de aprehensión en las que se encontraba una contra la alcaldesa electa Karina Pérez Pocopa.

Hoy en la mañana diferentes miembros del "Movimiento Cholula Viva y Digna" en San Andrés Cholula, compartieron que la última acusación que permanecía abierta en contra de Roberto Formacio Ramírez, quien por cuatro años anduvo a "salto de mata" para no ser aprehendido injustamente, finalmente quedó sin efecto el miércoles pasado por el juez penal de Cholula dentro del proceso 445 del 2014, asentándose que no había cometido los delitos imputados.

Adán Xicale Huitle, miembro del movimiento y uno de los cuatro apresados por varios años, expresó que en aquel momento fue el gobierno de Rafael Moreno Valle, que conjuntamente con Leoncio Paisano Arias y el síndico municipal, Paulino Pedro Lozada Cuaya, quienes les acusaron de una serie de delitos como: despojo de la presidencia municipal, dos delitos de motín, privación ilegal de la libertad ataques a las vías federales de comunicación, a los medios de transporte, daño a la propiedad ajena que es la presidencia y delitos contra funcionarios públicos.

Tras asentar el juez penal que no existe delito alguno y que los miembros del movimiento social actuaron en defensa de un pensamiento ideológico, expresando sus ideas y haciendo saber al gobierno a lo que su consideración fue su mal actuar no hay delito que seguir.

Desestimó que una disculpa pública por parte de quienes en su momento les acusaron sea suficiente, "pues fue mucho el daño moral y deben hacer frente a su responsabilidad", dijo, por lo que afirmó que al término de cada uno de los procesos los afectados realizarán una acusación penal por daño moral contra el todavía presidente municipal Leoncio Paisano Arias y al síndico Pedro Lozada Cuaya, en cuanto a sí esta demanda también se hará en contra del ayuntamiento municipal expresó que no sería lo correcto, ya que están a días de hacer el cambio de gobierno, y sería Karina Pérez Popoca quien tuviera que asumir una responsabilidad que no le corresponde.

Finalmente expresó que en su caso el juez Alejandro León Flores insiste en que se debe llevar a cabo una diligencia de careo, pero algunos policías y funcionarios ya no trabajan en el ayuntamiento sanandreseño, por lo que procederá a una diligencia de desahogo o de vista de vídeos que el mismo gobierno municipal presento el 18 de octubre del 2018, donde queda asentado que no hubo delito, dando fin a la persecución política de la que fueron víctimas.