Antes de que acabe 2019, por las calles de Francia caminarán, libres, unos 450 presos radicalizados que habrán cumplido su condena. De ellos, medio centenar fueron encarcelados por delitos de terrorismo islamista, según ha confirmado este miércoles la ministra de Justicia, Nicole Belloubet. Se trata, de acuerdo con el fiscal general, François Molins, de un “riesgo mayor” ante el cual el Gobierno está preparando nuevas medidas, como una “unidad de coordinación” que se asegure de que los individuos potencialmente peligrosos estén sometidos a un seguimiento efectivo y un “refuerzo” de los servicios encargados de esta vigilancia.

De las 70.000 personas encarceladas en Francia, hay en estos momentos más de 500 personas cumpliendo una condena por terrorismo islamista y otros 1.200 presos que, aunque se encuentran en prisión por delitos comunes, están considerados radicalizados -o bien se radicalizaron en prisión o ya lo estaban antes de ser condenados-. La salida de prisión este año de 20 condenados por delitos calificados de terrorismo islamista, y el que viene, otros 30, aparte de alrededor de 400 presos comunes radicalizados, según Belloubet, no es por tanto más que el comienzo de un problema a largo plazo. “Corremos un riesgo mayor, que es ver salir de prisión cuando cumplan sus penas a personas que no están para nada arrepentidas, que incluso podrían estar más endurecidas aún tras su paso por prisión”, advirtió Molins la semana pasada. Sin embargo, en una entrevista en la emisora BFM TV este miércoles, la ministra de Justicia quiso lanzar un llamamiento a la calma: “El Gobierno está volcado en el seguimiento de esas personas”, aseguró Belloubet.

Hace tiempo que se toman medidas para realizar un seguimiento de los radicalizados. La vigilancia comienza en las mismas cárceles. En febrero, el Gobierno presentó un nuevo plan contra el contagio extremista en las prisiones que, entre otros, prevé la creación de 1.500 plazas adicionales en las prisiones para aislar a los presos radicalizados y evitar así el contagio de otros detenidos, así como la dispersión de los condenados por terrorismo en cárceles de todo el país. Además, se va a ampliar a hasta seis el número de “cuarteles de evaluación de la radicalización”, unas unidades en las propias cárceles donde un equipo multidisciplinar realiza una evaluación de la peligrosidad de los presos radicalizados durante varios meses.

Belloubet anunció este miércoles que, además, “los servicios de inteligencia que desempeñan un papel esencial serán considerablemente reforzados”. Según adelantó, el plan es reclutar a ptras cien personas para el servicio de inteligencia penitenciaria, creado en febrero de 2017 y que actualmente sigue a unas 3.000 personas, así como “desplegar los medios para aislar mejor a los detenidos radicalizados”.

“La ventaja de su detención es que sabemos cuándo van a salir a la calle”, señaló hoy Belloubet. Y eso permite “anticipar” medidas y planificar su seguimiento gracias a los “expedientes de inteligencia penitenciaria” que se crean durante su encarcelación y que, una vez liberados, “son entregados a los servicios de seguridad interior o a la inteligencia territorial”, explicó. “Los seguimos paso a paso”, insistió.