El ayuntamiento de Puebla buscaría apoyo del gobernador electo y del Gobierno Federal para cancelar la concesión a la empresa Aguas de Puebla, ya que ello implicaría absorber la deuda histórica por más de 3 mil millones de pesos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), informó la regidora Patricia Montaño Flores.

La también presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública del ayuntamiento, dijo que aún no concluye el análisis del estatus de la concesión, sin embargo, en los avances se han detectado varías irregularidades y calculado la deuda que podría volver a ser responsabilidad de la comuna.

"La principal irregularidad fue la forma en que se llevó a cabo la licitación, en principio se adjudica a una empresa y posteriormente esa empresa cede sus derechos a otras empresas, dentro de ellas uno de los dueños es Hank Rhon", acotó al tiempo de referir que en su momento no se cumplió con la validación de la capacidad técnica y financiera de la firma seleccionada.

Montaño Flores dijo que también se observó el hecho de que Concesiones Integrales contrajo una deuda de mil 400 millones de pesos para pagar la contraprestación inicial de la concesión con el Banco Interacciones, que tiene entre sus accionistas al propio Hank Rhon, no obstante, saldarla es responsabilidad plena de la empresa.

Con respecto a la deuda histórica del Soapap, dijo que la comuna requeriría poco más de 3 mil millones de pesos para hacer frente a la responsabilidad y dada la insuficiencia presupuestal de la comuna, ésta tendrá que realizar un convenio de colaboración con los otros órdenes de gobierno.

Explicó que si bien no se tendría la obligación de liquidar a corto plazo el adeudo, la intención de la administración municipal es no heredarlo al próximo ayuntamiento.

Por su parte, el regidor Edson Cortés indicó que será en agosto cuando concluya el análisis del título de concesión, aunque hasta ahora se puede adelantar que el ayuntamiento no estaría obligado a pagar alguna indemnización a la empresa porque ésta ha incumplido con la inversión pactada y mejora del servicio.